El socio menor del Gobierno ha intensificado las críticas hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores, señalando que la reciente postura del PSOE en relación al Sáhara Occidental no refleja la opinión del Ejecutivo en su conjunto.
El pasado 21 de abril, en Madrid, las formaciones políticas de Sumar, Podemos e Izquierda Unida expresaron su descontento con el ministro José Manuel Albares. La controversia surgió a raíz de su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y su reunión con su homólogo marroquí, Nasser Burita, justo en el contexto de la celebración de Jueves Santo, lo que generó dudas sobre la transparencia en el Gobierno.
Durante una rueda de prensa el lunes, Lara Hernández, coordinadora general de Sumar, cuestionó la legitimidad de dicha reunión. Subrayó que la postura del PSOE no es representativa de todo el Ejecutivo y que Sumar está comprometida con la defensa de los derechos del pueblo saharaui, abogando por su derecho a la autodeterminación, ampliamente apoyado en la opinión pública española.
Hernández enfatizó que la defensa de los derechos humanos debe ser una prioridad en la política internacional y expresó su preocupación por el desvío del PSOE respecto al consenso general en apoyo a la soberanía saharaui, cumpliendo así con los mandatos de la ONU. Insistió en que el único enfoque válido debe ser el rechazo al plan de autonomía sugerido por Marruecos.
En paralelo, Eva García Sempere, secretaria de Organización de IU, expresó su rechazo hacia la postura del ministro Albares, catalogándola de "ilegítima". Argumentó que el plan presentado por Marruecos responde únicamente a intereses expansionistas y ya había fracasado cuando se presentó por primera vez en 2007, ya que no fue consultado con el legítimo representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario.
García Sempere también criticó que este plan ignora las resoluciones de la ONU y el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro mediante un referéndum. Enfatizó que Marruecos carece de legitimidad para imponer su propuesta, acusándola de ser una violación de los derechos humanos y un expolio de los recursos saharauis.
La secretaria de IU aseveró que el Gobierno debe elegir entre alinearse con el Derecho Internacional y las Naciones Unidas o mantener relaciones con quienes oprimen a los saharauis, un pueblo que ha sido "olvidado y traicionado". Enfatizó que el pueblo saharaui no debe ser utilizado como herramienta para mejorar conexiones diplomáticas con Marruecos.
Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, también alzó su voz en apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, reiterando las críticas a la postura del PSOE. Fernández subrayó que España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui y que el Gobierno debería promover un referéndum que les permita decidir su futuro.
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