El juez Juan Carlos Peinado ha programado un careo para el 14 de mayo a las 12:30 horas, en el que se enfrentarán Alfredo González, quien gestionó la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, y Álvarez misma. González ha señalado a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como su superior en este proceso.

En una providencia reciente, a la cual tuvo acceso Europa Press, se ha decidido que el mismo día también declare como testigo Raúl Díaz Silva, quien era el coordinador de personal de Moncloa en 2018. Díaz Silva fue mencionado por Bolaños durante su declaración el 16 de abril y será llamado a testificar a raíz de la declaración de González.

El llamado de Bolaños al estrado se produjo tras la declaración de González, quien en su papel como vicesecretario general de la Presidencia en 2018 fue el encargado de tramitar el nombramiento de Álvarez. En su testimonio anterior, y que fue documentado por Europa Press, González afirmó no conocer a Álvarez ni a la mayoría de las personas cuyos nombramientos había gestionado, manifestando dudas sobre si había revisado su currículum.

González apuntó que su función consistía en remitir las propuestas de personal eventual al órgano pertinente para su nombramiento, dado que, de acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público, estos son procesos de libre nombramiento y cese. Durante la sesión, Peinado cuestionó a González sobre su cadena de mando y si había discutido el nombramiento de Álvarez con algún superior; el testigo admitió no recordar haber abordado el tema con nadie.

El juez expresó su asombro ante la declaración de González, sugiriendo que su proceso parecía inusual en el contexto administrativo. "Es llamativo para quienes trabajamos en la Administración Pública, donde se siguen procesos muy rigurosos para el nombramiento de personal que percibe fondos del Estado", destacó el juez.

González replicó que en el caso de personal eventual, esos criterios no son aplicables. Sin embargo, Peinado continuó indagando acerca de su superior, y el testigo identificó a Bolaños como su jefe directo, afirmando que se reunía con él de forma regular para discutir diversos temas en La Moncloa.

Respecto a la contratación de Álvarez, Bolaños defendió en su declaración que el nombramiento cumplió con la normativa vigente sobre personal eventual, intentando despegarse de la responsabilidad de dicha designación. Por su parte, Cristina Álvarez detalló ante el juez que fue llamada a ser asesora por Begoña Gómez para ayudarla tanto en asuntos oficiales como personales, destacando su relación previa con ella.

El juez, al examinar la situación, decidió abrir una nueva investigación al considerar que la contratación de Álvarez podría insinuar un posible delito de malversación de fondos públicos. En este nuevo enfoque de la investigación están implicadas tanto Gómez como su asesora, y se están explorando también cargos por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y usurpación profesional.