MADRID, 23 de noviembre.

Este viernes, el magistrado Juan Carlos Peinado escuchará a seis representantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) quienes han sido convocados como testigos a solicitud de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo es demostrar que Gómez firmó documentos de contratación y registró el dominio de una cátedra bajo la dirección del centro educativo, siguiendo las instrucciones de la propia universidad.

La petición de estos testigos surge tras una prolongada espera. Hace un año, Antonio Camacho, abogado de Gómez y exministro del PSOE, intentó sin éxito que el juez autorizara estas declaraciones. No fue hasta octubre, cuando la Audiencia Provincial de Madrid determinó que el juez Peinado debía pronunciarse "sin dilación" sobre su pertinencia.

Las comparecencias, programadas para empezar a las 9:30 horas del viernes, incluirán a figuras como María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM; y la interventora María Elvira Gutiérrez-Vierna, entre otros. También estarán presentes representantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y la actual directora de la Escuela de Gobierno.

La defensa de Gómez solicitó estas declaraciones en respuesta a una querella presentada por la organización Hazte Oír, que la acusa de haber utilizado indebidamente un software de la universidad y de intrusismo al firmar contrataciones para patrocinadores de la cátedra que dirigía. En su defensa, aportaron correos electrónicos que sugieren que la firma del pliego técnico fue una instrucción directa de la UCM.

La defensa enfatizó que uno de los correos fue firmado por Sánchez Rosales, quien, en su intervención, corroboró que el proceso de firma se ajustó a las normativa de la universidad. Del mismo modo, se citó a Gutiérrez-Vierna para que ratificara su declaración anterior ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, donde afirmó que todo se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Además, el abogado destacó la importancia de incluir a miembros de la OTRI en la comparecencia, ya que según su testimonio, orientaron a Gómez sobre el registro del dominio de Internet. Resaltó que la UCM ha declarado que dicho registro nunca se llevó a cabo en el Registro de Propiedad Intelectual, lo que refuerza la defensa de que Gómez actuó bajo las indicaciones institucionales.

En este contexto, también se ha considerado pertinente citar a la codirectora del Máster de Formación Permanente en Sostenibilidad ESG, quien mantiene el dominio del programa académico a su nombre, siendo ajena a la universidad, lo que ofrece otra perspectiva al caso.

Por último, se justificó la necesidad de llamar a Carmen Mitxelena, actual directora de la Escuela de Gobierno, para corroborar que Begoña Gómez fue quien propuso el nombre de 'Transformación Social Competitiva' para la cátedra.

Es importante recordar que esta investigación no solo involucra a Gómez en relación a la cátedra, sino que también se indagan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción empresarial y malversación. El juez ha dejado claro que, si el caso avanza a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular, lo que añadiría un elemento de escrutinio ciudadano al proceso.