En una nueva etapa de la investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) información sobre las personas que han firmado pliegos técnicos de contratación sin contar con la titulación superior exigida. Esto se enmarca en la necesidad de aclarar si la implicada ha incurrido en un acto de intrusismo al participar en la creación de dichos documentos.

De acuerdo con un despacho fechado el 5 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha ordenado a la Escuela de Gobierno de la UCM que le envíe un informe lo más pronto posible. Este documento debe detallar los individuos que, al igual que Gómez, carecen de la formación académica requerida para suscribir pliegos en el ámbito de licitaciones para contratos públicos.

La solicitud del juez incluye una demanda a la Asociación Española de Abogados del Estado para que prepare un análisis sobre las cualificaciones necesarias para participar en la elaboración de pliegos técnicos. Peinado argumenta que este informe es crucial para determinar si la participación de Gómez en la firma de dichos documentos es constitutiva de un delito de intrusismo o si, por el contrario, sus acciones no infringen la ley.

El juez busca esclarecer la situación de Gómez, quien ha sido señalada por haber firmado documentos de contratación relacionados con los patrocinadores de una cátedra de la UCM. La defensa de la investigada ha argumentado que su firma fue realizada bajo directrices de la universidad, tratando de desvincularse así de cualquier irregularidad.

En un desarrollo adicional del caso, el juez ha rechazado la solicitud de la acusación popular para que el empresario Víctor de Aldama, relacionado con el 'caso Koldo', comparezca como testigo. Peinado señaló que no existe evidencia de que Aldama tenga algún vínculo con la cátedra de Gómez ni con la UCM, lo que excluye su relevancia en la investigación.

El magistrado ha recordado que el derecho de las partes a solicitar pruebas no es absoluto, y ha concluido que el testimonio de Aldama no es necesario para esclarecer los hechos del caso. La investigación sugiere que Gómez podría estar enfrentando hasta cinco cargos por delitos, que incluyen no solo intrusismo, sino también tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación.