El próximo 11 de diciembre, el Congreso de los Diputados se reunirá para discutir una reforma crucial relacionada con las leyes de dependencia y discapacidad. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, confía en obtener un "amplio consenso" en esta iniciativa, aunque algunos grupos como el PNV y Junts han solicitado la devolución del texto.

En una reciente rueda de prensa, celebrada tras un encuentro con la asociación Plena Inclusión España, Bustinduy subrayó la importancia de alcanzar un consenso amplio sobre esta reforma, que busca impactar positivamente en la vida de quienes enfrentan discapacidades intelectuales.

“Se avecina un momento decisivo”, afirmó el ministro, recordando que el día jueves en el Congreso se votará sobre el inicio del proceso legislativo de estas reformas. Es un acontecimiento que podría cambiar la trayectoria de la atención y el apoyo a la dependencia y discapacidad en España.

Bustinduy hizo hincapié en que estas reformas no son solo iniciativa del Ministerio que dirige, sino que representan un esfuerzo conjunto de la sociedad española. Aseguró que existe un amplio apoyo social desde las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad y dependencia, con quienes el ministerio ha colaborado estrechamente.

El ministro añadió que están comprometidos a asegurar que el inicio del proceso legislativo refleje el mismo grado de consenso que se dio en reformas anteriores, como la del artículo 49 de la Constitución, que busca asegurar la integración y calidad de vida de más de cuatro millones de ciudadanos.

Además, Bustinduy se comprometió a que, al tiempo que se aprueban estas reformas, se realice una mejora significativa de la financiación para el sistema de la dependencia, asegurando que los recursos necesarios acompañen estos cambios institucionales.

“Confío en que la votación de la próxima semana manifieste el mismo respaldo social que respalda estas reformas, las cuales tienen el potencial de ser un hito en la legislatura y de contribuir a afianzar nuestra democracia”, concluyó el ministro.

El proyecto de ley propone incorporar la accesibilidad universal como un derecho fundamental, obligando a todos los poderes del Estado a garantizarlo. Además, se incluyen medidas destinadas a agilizar y reducir la burocracia en los trámites relacionados con la dependencia y la discapacidad.

Una de las novedades más relevantes de esta propuesta es la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan compaginar el acceso al empleo con los servicios y ayudas del sistema. Esta medida ha sido bien recibida por la asociación Plena Inclusión, que recordó que en España, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual está desempleada.

Asimismo, el proyecto de ley planea ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para estas personas, eliminar el régimen de incompatibilidades de 2012 y quitar el límite temporal de dos años para recibir prestaciones económicas destinadas al cuidado familiar.

El Ministerio de Derechos Sociales resalta que la simultaneidad en la reforma de estas normas permitirá una transformación significativa en el modelo de cuidados, apuntando hacia un enfoque más personalizado que se adapte mejor a las necesidades y preferencias de los ciudadanos.