PP y Vox se oponen a la reforma del PSOE para endurecer las sanciones por exceso de velocidad, ignorando las preocupaciones de víctimas y especialistas.

En un tenso debate celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular (PP) y Vox se manifestaron en contra de la propuesta del PSOE que busca endurecer las sanciones por exceso de velocidad en las carreteras españolas. Los portavoces conservadores argumentaron que la iniciativa ignora las voces de las víctimas y de los expertos, tachándola de "hipocresía social".

La propuesta, que se someterá a votación más tarde en el Pleno, cuenta con el apoyo de los representantes de Sumar, ERC, Junts, PNV y Coalición Canaria. Este proyecto socialistas plantea reducir los límites de velocidad que, al sobrepasarlos, constituyen un delito penal: pasar de 60 a 50 km/h en entornos urbanos y de 80 a 70 km/h en vías interurbanas.

La modificación prevista en el Código Penal específicamente afectaría al artículo 379, estableciendo que las infracciones por exceso de velocidad según los nuevos umbrales serían consideradas delito, manteniendo las penas actuales que incluyen desde prisión de 3 a 6 meses, multas y trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada temporal del permiso de conducir durante un período que oscila entre 1 y 4 años.

Fernando de Rosa, portavoz del PP, manifestó su preocupación por los "graves defectos" que presenta la iniciativa, señalando que el PSOE no ha integrado en su redacción aspectos fundamentales como la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni los dictámenes de los fiscales especializados en Seguridad Vial. Según de Rosa, pasar esta ley podría resultar en desilusión para las víctimas.

Desde Vox, el diputado Francisco José Alcaraz criticó duramente la iniciativa, alegando que el Gobierno actúa con doble discurso y no tiene un verdadero compromiso con la protección de las vidas. Usó la metáfora de "la abuelita del lobo feroz" para describir lo que considera una fachada engañosa del Ejecutivo y se cuestionó la responsabilidad del Gobierno en incidentes relacionados con violaciones graves de la ley.

Durante su intervención, el socialista Juan Carlos Jerez defendió con vehemencia su propuesta, instando a sus colegas a votar por la vida y catalogando de irresponsable el rechazo a iniciativas pasadas que abordan el consumo de alcohol al volante, prometiendo que una nueva bajada de los límites de alcohol sería presentada nuevamente en el Parlamento.

Jerez también sobrellevó a sus oponentes la interrogante de si realmente respaldan mejoras en la seguridad vial, acusándolos de ser "providencia" solo cuando les conviene. Hizo hincapié en que la ley responde a la clamorosa necesidad de justicia para las víctimas de accidentes por exceso de velocidad, que a menudo quedan impunes.

Laura Vergara de Sumar celebró la búsqueda de consenso en torno a la seguridad vial, considerándola un tópico crucial para la sociedad actual. Enfatizando que la propuesta podría no solo salvar vidas, sino también promover el respeto por las normas de tránsito y contribuir a la disminución de emisiones contaminantes, instó un compromiso colectivo para evaluar su efectividad a largo plazo.

Por su parte, Inés Granollers de ERC apuntó que la medida representa un avance significativo en la justicia social, recordando que la reducción de la velocidad no solo impacta a quienes incumplen, sino que protege a los más vulnerables. Aunque reconoció la importancia de la reforma, dejó claro que las soluciones deben ir más allá de estrictas penalizaciones.

Marta Madrenas de Junts destacó la responsabilidad del conductor al elegir conducir a altas velocidades, defendiendo que la disuasión es esencial y señalando la realidad de aquellos que sufren las consecuencias de estas acciones. Se comprometió a actuar en nombre de las víctimas que han vivido situaciones trágicas debido a la negligencia al volante.

Nerea Renteria del PNV enfatizó la necesidad de un análisis serio y calmado en torno a la seguridad vial, subrayando que cualquier acción destinada a salvar vidas merece ser examinada con meticulosidad, especialmente cuando se trata de proceder con el Código Penal.

Por último, Cristina Valido de Coalición Canaria se mostró contundente en su apoyo a la proposición, afirmando que la seguridad vial requiere de decisiones firmes y que el dolor causado por las irresponsabilidades al volante es lo que se debe considerar desproporcionado, no las medidas destinadas a prevenirlo.