El presidente de la Autonomía de Melilla, Eduardo de Castro, ha cesado al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal (CPM), por su presunta implicación en la trama de supuesta "compra de votos" en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El Decreto firmado por Eduardo de Castro publicado en el Boletín Oficial de Melilla dispone "el cese de D. Mohamed Ahmed Al-Lal como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana".

Este suceso tuvo lugar un día después de que se detuviera a Mohamed Ahmed y otras nueve personas por la presunta comisión de dos delitos, uno electoral y otro de pertenencia a grupo criminal relacionados con la supuesta compra de sufragios mediante el voto por correo. El presidente de la Autonomía de Melilla avanzó que "cesaría a miembros del Ejecutivo si su situación legal así lo requiere".

A través de su perfil oficial en redes sociales, el presidente expresó que se sentía "muy preocupado por los hechos de las últimas horas: como presidente del Gobierno de Melilla estoy pendiente de su alcance judicial por cuanto mi deber es preservar el Estado de derecho y los intereses de Melilla". El consejero cesado es miembro del Ejecutivo melillense desde 2019, cuando CPM y el PSOE lograron ganar la votación frente a la candidatura más votada, la de Juan José Imbroda con 10 escaños y los dos apoyos que recibió de Vox, frente a los 13 diputados sumados por el actual Gobierno (8 CPM, 4 PSOE y uno de Ciudadanos).

Su cese llega a cuatro días de las elecciones, momento en el Ejecutivo de Eduardo de Castro estará en funciones hasta la constitución de la nueva Asamblea, fijada para el próximo 17 de junio. Ahmed, que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo como número tres en la candidatura Cepemista, fue detenido el martes y puesto en libertad después de acogerse a su derecho a no declarar, aunque con la retirada de su pasaporte y la intervención de su teléfono móvil.

El hasta ahora consejero de Distritos, en declaración a los medios, denunció que su arresto obedecía una "persecución política" por parte de la Delegación del Gobierno, cuya titular es la socialista Sabrina Moh Abdelkader, algo que la institución gubernamental ha negado tajantemente al asegurar que la investigación está bajo mandato judicial.