El Gobierno español ha reafirmado su compromiso con las reformas en el ámbito judicial, descartando cualquier posibilidad de retractarse en su propuesta. Según el ejecutivo, estos cambios son "esenciales" para la modernización del sistema de justicia en el país.

Desde el 1 hasta el 3 de julio, varias asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a aquellas con enfoque progresista, han organizado una huelga para protestar contra las reformas planteadas por el Ejecutivo. Consideran que estas modificaciones afectan la independencia judicial y amenazan los cimientos del Estado de Derecho. A pesar de las preocupaciones expresadas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha enfatizado que estas reformas son "indispensables" para afrontar los desafíos de la justicia contemporánea.

El conflicto se intensificó cuando las mencionadas asociaciones —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— iniciaron un paro simbólico el 11 de junio, seguido por una concentración frente al Tribunal Supremo, que demuestra la creciente tensión entre los dos sectores.

El 17 de junio, uniendo fuerzas, los cinco grupos anunciaron la huelga y ofrecieron retirar la protesta si el Gobierno reconsideraba las reformas, una propuesta que fue rápidamente desechada por el Ministerio de Justicia, tras una reunión previa en la que se dejó claro que no habría marcha atrás.

Bolaños, en un intento por calmar a los manifestantes, envió una carta citando la necesidad de actualizar las estructuras judiciales, muchas de las cuales no han cambiado desde el siglo XX. El ministro invitó a los jueces y fiscales a trabajar de manera activa en la remodelación del proyecto de ley a través del proceso parlamentario.

A pesar de esta invitación al diálogo, las asociaciones han mostrado desconfianza, considerando que la oferta de mejora del texto legislativo durante el trámite no es más que una promesa vacía, sin intenciones reales de cambios significativos.

Las preocupaciones sobre la reforma van desde un posible sesgo ideológico en la selección de nuevos jueces y fiscales, con la eliminación de requisitos esenciales en la formación, hasta la ampliación de las potestades del fiscal general del Estado, quien seguiría siendo nombrado por el Gobierno sin controles adecuados.

El ministro Bolaños ha minimizado las inquietudes, calificándolas de "infundadas", y recordó que las resistencias a las reformas judiciales han sido la norma en la historia democrática del país. "Todas las importantes reformas en el ámbito de la justicia han generado oposición inicial, y hoy son aceptadas como consensos fundamentales", declaró en el Congreso.

Por otro lado, la huelga ha generado división incluso dentro de las organizaciones judiciales. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) decidieron no participar, mientras que un sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) argumenta que los miembros del poder judicial no tienen derecho a la huelga.

En una reunión extraordinaria, el CGPJ determinó que el ejercicio del derecho a huelga por parte de los jueces carece de fundamento legal, aunque, según fuentes, no se establecerán sanciones para quienes participen en la misma.

Asimismo, el fiscal general del Estado recordó a los fiscales su responsabilidad de garantizar que sus funciones no se vean afectadas durante la huelga, subrayando la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos.

Las asociaciones de jueces y fiscales han defendido su derecho a huelga, argumentando que es un derecho constitucional que no debería ser restringido por la ausencia de una normativa específica y alertaron que cualquier intento de la parte empleadora para coaccionar o intimidar a los trabajadores sería considerado una falta grave.

A pesar de las adversidades, han establecido un Comité de Huelga que asegurará la atención a las necesidades esenciales de la ciudadanía. Reconocen que la huelga podría acarrear pérdidas salariales para los participantes, y el Gobierno ha solicitado al CGPJ que implemente medidas para descontar esos días de remuneración.

En conclusión, las asociaciones se han comprometido a evaluar la situación tras finalizar el paro de tres días y decidir sobre posibles próximas acciones en función de la respuesta del Gobierno. Este conflicto representa la sexta huelga en la historia del sistema judicial español, evidenciando las continuas tensiones entre la modernización y la defensa de la independencia judicial.