El pasado miércoles, en una destacada acción conjunta, los grupos parlamentarios PSOE, Sumar y Podemos presentaron en el Congreso una propuesta no vinculante que busca transformar el panorama del primer ciclo de Educación Infantil. Este proyecto ha sido impulsado por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y se someterá a debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La propuesta marcada por estos grupos políticos exige al Gobierno un compromiso activo para establecer una normativa básica que asegure la universalidad, calidad y equidad del ciclo 0-3. Se trata de un llamado a fortalecer desde sus cimientos el sistema educativo, con el fin de reducir las desigualdades sociales y territoriales y dignificar las tareas de cuidado.

Según el texto, que ha sido compartido con Europa Press, se pide que el Gobierno tome el liderazgo en la remodelación del marco normativo que rige el ciclo 0-3. Esto incluye la creación de una nueva normativa que reemplace el Decreto 18/2008, garantizando estándares de calidad educativa uniformes, estabilidad laboral y equidad en todo el país, además de incorporar criterios pedagógicos que fomenten la atención individualizada a los más pequeños.

Asimismo, se sugiere establecer ratios obligatorias que cumplan con las recomendaciones europeas y asegurar la asistencia de personal docente suficiente para su implementación. Esto implica crear modelos organizativos que favorezcan la presencia constante de parejas educativas en las aulas del ciclo 0-3, un aspecto considerado fundamental para la calidad educativa y el bienestar infantil.

La iniciativa también propugna que la atención temprana sea integrada dentro del sistema educativo de este primer ciclo, garantizando profesionales especializados en las aulas, ofreciendo apoyo preventivo a las familias y promoviendo la coordinación efectiva con los educadores, evitando enfoques que solo se concentran en diagnósticos externos.

Otro de los objetivos es consolidar una red pública y universal de escuelas infantiles, sustentada por una financiación estable y el avance hacia la gratuidad progresiva. Se prioriza la gestión pública directa, asegurando que los recursos se destinen a potenciar la calidad pedagógica y las condiciones de trabajo en los centros educativos.

PSOE, Sumar y Podemos también han subrayado la necesidad de incorporar una perspectiva feminista y de cuidados en las políticas públicas relacionadas con la educación infantil, de modo que se dignifiquen las condiciones laborales de quienes trabajan en este ámbito, se refuercen los equipos educativos y se reconozca la importancia social y educativa de la primera infancia.

En el preámbulo de su propuesta, se señala que el sistema educativo español carece de un marco estatal robusto que garantice condiciones homogéneas para el ciclo 0-3, advirtiendo sobre la insuficiencia de la financiación, la desigualdad en la red pública y la fragmentación en la gestión del servicio.

Se destaca que en muchos lugares, la atención se externaliza en modelos que priorizan la reducción de costos sobre la calidad educativa, lo que ha conducido a precariedad laboral y a una alta rotación de personal, generando inestabilidad en los equipos educativos. Esta situación repercute negativamente en la capacidad de establecer lazos seguros y en la continuidad pedagógica, afectando el bienestar y las oportunidades de desarrollo de los más pequeños.