BARCELONA, 13 de noviembre.

Carles Puigdemont, exlíder de la Generalitat y actual cabeza de Junts, ha manifestado este jueves que la decisión final sobre la implementación de la amnistía recae en "algunos jueces que se consideran los salvadores de la patria".

Este comentario surge tras el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha confirmado la validez de gran parte de la Ley de Amnistía, según informa Europa Press.

Puigdemont ha enfatizado que, aunque el dictamen del Abogado General es claro y está bien argumentado, no debemos perder de vista que la palabra final pertenece a jueces que han asumido un papel casi heroico en la defensa de la nación.

El ex presidente sostiene que para estos magistrados, las órdenes que provienen de una figura que debería haber enfrentado cargos por crímenes de guerra parecen tener más peso que cualquier pronunciamiento del parlamento o las instituciones europeas.

En su análisis, Puigdemont critica una supuesta estrategia de la justicia española que está destinada a atrasar y obstaculizar la aplicación plena de la Ley de Amnistía, afectando incluso a aquellos que han sido falsamente acusados de terrorismo y a otros condenados por hechos que él califica de "malversación inexistente".

Por esta razón, Puigdemont asegura que se vieron obligados a rechazar el primer borrador de la norma, ya que creían que excluía a ciertas personas y dejaba suficientes vacíos legales que podrían ser utilizados por la UE para revertirla en el futuro.

A pesar de recibir críticas por su decisión, el ex presidente afirma que esta fue tomada con la mirada atenta puesta en el TJUE, reconociendo que,lamentablemente, la Ley de Amnistía no se está aplicando de manera integral ni como se había prometido inicialmente.

“Y esto no se debe a que carezca de legitimidad democrática o constitucional, ni a que contravenga el derecho europeo. El impedimento radica en una orden que algunos tribunales, comenzando por el Supremo, siguen sin cuestionar. Este fenómeno se ve potenciado por entidades como Societat Civil Catalana, que actúa en connivencia con el PSC y Vox, adoptando la postura de acusación popular”, concluyó Puigdemont.