En el último desarrollo de una investigación que está causando revuelo en la política francesa, las autoridades han realizado un registro en el domicilio de Rachida Dati, actual ministra de Cultura y aspirante a la alcaldía de París. Este operativo se enmarca dentro de una indagación sobre presuntos delitos de "corrupción" y "tráfico de influencias", vinculados a su tiempo como eurodiputada entre 2009 y 2019.

Según informes de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) no solo se han presentado en la residencia de Dati en París, sino también en las instalaciones del Ministerio de Cultura y en el Ayuntamiento del VII distrito. Estas acciones han sido confirmadas por el canal de televisión TF1.

Las sospechas recaen en Dati debido a la posible recepción de 299.000 euros en honorarios por parte del grupo GDF Suez, ahora conocido como Engie, mientras ocupaba su cargo en el Parlamento Europeo. Se alega que estos pagos podrían haber sido destinados a influir en las decisiones dentro de las instituciones europeas en favor del grupo energético.

Tras las revelaciones, Engie ha decidido llevar a cabo una investigación interna a través de su comité de ética, y los detalles de este caso han sido asumidos por la PNF desde su inicio en octubre. Los pagos, supuestamente gestionados a través de un bufete de abogados en París, podrían haber violado las políticas de transparencia y ética empresarial.

Dati, quien se presenta como candidata para las elecciones a la alcaldía de París, que se llevarán a cabo en marzo de 2026, enfrentará un juicio relacionado con un caso de corrupción que involucra al exdirector ejecutivo de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Este caso se centra en la acusación de que Dati recibió un total de 900.000 euros entre 2010 y 2012 por asesoría legal, cuando todavía estaba en su papel como eurodiputada, un acuerdo que algunos argumentan podría haber encubierto actividades de cabildeo en el Parlamento Europeo.

Por su parte, Carlos Ghosn, que ostenta nacionalidades de Francia, Brasil y Líbano, tiene una orden de arresto internacional desde abril de 2023 por este escándalo, aunque ha estado viviendo en Líbano tras evadir su arresto en Japón en 2019, donde había sido detenido por malversación de fondos.