MADRID, 20 de diciembre.

Rodrigo Rato, quien desempeñara el cargo de súper ministro de Economía durante el Gobierno de José María Aznar y posteriormente presidiera el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido sentenciado por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel. La condena se debe a su implicación en tres delitos: fraudes fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, en el contexto de una investigación que evalúa el aumento ilícito de su patrimonio.

La sentencia, emitida por la Sección número 7 de la Audiencia Provincial, cuenta con más de 1.100 páginas y ha sido elaborada por la presidenta del tribunal, Ángela Acevedo. En ella, el tribunal reconoce que el proceso ha estado marcado por dilaciones indebidas, lo que ha significado una extensión prolongada de la causa.

Rato se presentó en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid para recibir la notificación de su condena, un acto que requería su presencia personal. A su llegada, ante las preguntas de los periodistas sobre sus expectativas respecto a la resolución, se limitó a responder con un despectivo "que lo pasen ustedes bien".

Es importante subrayar que la fiscal anticorrupción, Elena Lorente, solicitó en su escrito de acusación una pena de más de 70 años de cárcel para Rato, quien habría defraudado al fisco una suma cercana a 8,5 millones de euros. Se alegó que el exministro había ocultado su patrimonio desde 1999 mediante la constitución de diversas sociedades, llevándole a realizar actividades de inversión financiera a través de cuentas en paraísos fiscales como Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y el Reino Unido, entre otros.

De acuerdo con el análisis de documentación reunida, la Fiscalía destacó incrementos patrimoniales injustificables entre 2005 y 2015, por un total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital no declarados a Hacienda en el extranjero. En un informe emitido el 7 de julio de 2020 por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, se determinó que las cuotas defraudadas alcanzaban los 7,4 millones de euros.

La Fiscalía también hizo hincapié en que Rato se acogió a la amnistía fiscal en noviembre de 2012, un hecho por el cual omitió declarar un patrimonio considerable que poseía a través de diversas sociedades, presentando únicamente 115.333,50 euros y abonando a Hacienda la cantidad de 11.533,35 euros.

Los fiscales anticorrupción indicaron que, en vez de regularizar su situación fiscal de manera adecuada, Rato utilizó la declaración tributaria especial (DTE) como una herramienta para blanquear o "limpiar" las cuotas que había defraudado durante años, obtenidas a través de su patrimonio en el extranjero.

Es relevante señalar que este juicio abarcó la totalidad de la causa contra Rato, ya que en 2019 la Audiencia Provincial decidió anular el procesamiento relacionado con el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones, derivado de su gestión como presidente de Caja Madrid y del FMI, por contratar la publicidad de Bankia en su salida a bolsa con dos agencias específicas, para el cual la Fiscalía había solicitado cuatro años de prisión.

La Audiencia dictó una orden al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid para que se acumularan todas las piezas que componen el conocido "caso Rato", con la intención de convertirlas en un solo proceso. Esta decisión pretende evitar cualquier "pronunciamiento contradictorio" que pudiera surgir si las diferentes piezas del caso fueran juzgadas de manera separada, dado el volumen y la complejidad que presenta la situación del exministro.

En septiembre de 2020, Rato había sido absuelto por la Audiencia Nacional en relación a la salida a bolsa de Bankia en 2011, que él dirigía en ese momento. Sin embargo, su historial judicial incluye una condena previa de cuatro años y medio a causa del escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, decisión que fue ratificada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo, resultando en su ingreso en la prisión de Soto del Real en Madrid.