El partido Vox ha calificado de "fraude absoluto" el reciente acuerdo entre el Gobierno español y Junts, que permite delegar competencias relacionadas con la inmigración a la comunidad catalana.

En el contexto de este debate, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha instado a Vox a distanciarse de lo que considera "postulados engañosos" en torno a la migración. En su discurso, denunció los "pactos xenófobos" que vinculan al partido de Santiago Abascal con el Partido Popular.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la ministra enfatizó que sería beneficioso para el país que Vox reconsiderase su enfoque y revisase los informes internacionales que evidencian el compromiso de España en la lucha contra el tráfico ilegal de personas. “Su aproximación es incorrecta y dañina para España”, afirmó.

Saiz criticó el "odio" que, según su visión, caracteriza las declaraciones de Vox hacia los migrantes, lo que, al parecer, les impide actuar con lógica y empatía. En contraposición, defendió la política migratoria del Gobierno, describiéndola como "amplia y multifacética". Explicó que el eje central de esta política se encuentra en la denuncia de los "pactos vergonzosos" firmados por Vox y el PP, que calificó de "racistas" y "machistas".

La ministra también mencionó el acuerdo de Valencia, que asegura que "pisotea derechos por cuestiones presupuestarias", así como las "mociones infames" que han surgido en Murcia. “Nuestra política migratoria se fundamenta en la inclusión y la convivencia. Por ello, frente a sus mentiras y alarmismo, nos tendrán en contra”, concluyó Saiz.

Por otro lado, la diputada de Vox, Paloma Gómez, expresó su rechazo al acuerdo del Gobierno con Junts, considerando "inadmisible" que se sometan a "nuevo chantaje" por parte de los separatistas catalanes. Afirmó que Cataluña no puede gestionar una política migratoria porque carece de fronteras, resaltando que solo el Estado debe tener competencias exclusivas en esta área.

Gómez lanzó una inquirición a la ministra sobre el efecto que tendría permitir que una comunidad autónoma controle las fronteras, cuestionando la viabilidad de que España continúe siendo vista como una nación indisoluble y soberana. También recordó una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que el equilibrio en el sistema autonómico se basa en la diferencia entre autonomía y soberanía, instando a que el tribunal mantenga su postura, a pesar de la necesidad de los votos para sostener al Gobierno actual.