La Asamblea de Madrid ha tomado una decisión controvertida al aprobar, con el apoyo del PP y Vox, un Proyecto de Ley que amplía las bonificaciones del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta medida eleva la bonificación del 25% al 50% para las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos, lo que ha suscitado fuertes críticas desde la oposición.

El proyecto fue ratificado en lectura única y se espera que beneficie a aproximadamente 14.000 personas, generando un ahorro estimado de 140 millones de euros al año, según las autoridades regionales. Estas cifras han sido presentadas como un argumento a favor de la iniciativa, que fue discutida previamente en el Consejo de Gobierno el pasado 7 de mayo.

Entre los cambios más significativos, la nueva ley contempla una bonificación del 100% para donaciones entre particulares que sean menores a 1.000 euros. También se simplifican las formalidades, eliminando la necesidad de un documento notarial para donaciones de hasta 10.000 euros, lo que hace el proceso más accesible.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, defendió la medida, asegurando que representa un compromiso electoral del PP y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Albert destacó que la rebaja de impuestos busca crear un entorno favorable a la actividad económica y reducir la carga que representa el impuesto sobre las herencias para las familias.

La consejera argumentó que el actual modelo impositivo "penaliza la solidaridad familiar", forzando a algunos a rechazar herencias ante la imposibilidad de pagar el tributo. “En Madrid, queremos fomentar la libertad fiscal y celebrar la vida”, afirmó, enfatizando que los ciudadanos que ahorran e invierten deben recibir apoyo y no penalización.

Sin embargo, la diputada de Vox, Ana Cuartero, calificó este impuesto de “profundamente injusto” y criticó la supuesta avaricia recaudatoria del Gobierno regional. Cuartero llamó a implementar más bonificaciones y acusó al Gobierno de "tomar el pelo al contribuyente". Además, instó a la Consejera a reconsiderar el presupuesto para el 2025, sugiriendo que la situación financiera debería enfocarse más en las necesidades locales.

Desde el PSOE, el diputado Daniel Rubio argumentó que ya existen suficientes deducciones fiscales para muchos ciudadanos, pero que la política del Gobierno se centra en beneficiar a los más ricos, a expensas de las clases medias y trabajadoras. Rubio acusó a los partidos de la derecha de votar en contra de mejoras en los servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad.

Por su parte, la parlamentaria de Más Madrid, Marta Lozano, denunció que esta iniciativa refuerza un modelo de "acumulación hereditaria" que es injusto y regresivo. Lozano cuestionó la afirmación de que la medida beneficiaría a todos los ciudadanos, revelando que solo un pequeño 5% de las familias más ricas se beneficiaría, acaparando así el 75% de los beneficios fiscales, una situación que consideró profundamente desleal.