El próximo lunes, 22 de diciembre, se formalizará el acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE) que impactará a más de 4.500 trabajadores en siete de sus filiales. Este pacto se alcanzó tras la aprobación de las propuestas de la compañía por parte de UGT, CCOO y Sumados-Fetico, lo que marca un paso significativo en el proceso de reestructuración laboral.

UGT ya había manifestado su apoyo a la oferta el jueves pasado, mientras que CCOO y Sumados-Fetico lo hicieron en el día de ayer, tras llevar a cabo consultas internas y deliberaciones necesarias.

Sumados-Fetico, que está presente en tres de las filiales bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), ha expresado que su aceptación a las condiciones fue unánime, enfatizando la importancia de esta decisión en el contexto de las negociaciones.

CCOO, por su parte, ha calificado el resultado de las negociaciones como "positivo", resaltando que, a pesar de algunos temas pendientes, se han logrado importantes avances para los trabajadores afectados.

Dentro del marco de este ERE, se prevé que 2.925 personas sean afectadas en Telefónica de España, lo que representa cerca del 33% de su plantilla; 720 en Telefónica Móviles, equivalente al 20% de sus 3.587 empleados; y 120 en Telefónica Soluciones, casi un 11% de su equipo de 1.118 personas. En total, esto suma 3.765 bajas entre las filiales amparadas por el CEV.

Originalmente, Telefónica había indicado que hasta 5.040 trabajadores podrían salir de la compañía. Sin embargo, la cifra final será determinada por la cantidad de aceptar voluntariamente la salida, dejando un rango viable entre las 3.765 y las 5.040 reducciones. Esto implica que, dependiendo de la voluntad de los empleados, podrían limitarse las salidas forzosas.

En este contexto, Telefónica también presentó una oferta revisada para sus divisiones Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., donde la cantidad de salidas se ha reducido en un 20% respecto a lo planteado inicialmente. Se prevén un total de 599 despidos en estas áreas, lo que indica una respuesta positiva a las exigencias de los sindicatos.

Para Movistar+, se han propuesto 175 bajas, un descenso significativo desde los 297 empleados que se contemplaban al inicio de las negociaciones, lo que refleja la presión ejercida por los representantes de los trabajadores.

Con estas medidas, la compañía se enfrenta a una reducción mínima de aproximadamente el 26% de su plantilla en las siete filiales afectadas, una cifra que ha disminuido en comparación con el 35% que se discutió en un principio.

Respecto a las indemnizaciones, la propuesta de Telefónica detalla una estructura de compensación que varía según el año de nacimiento y la antigüedad de los empleados. Esto incluye un porcentaje del salario regulador que puede alcanzar hasta el 68% para quienes tienen entre 52 y 54 años, ajustándose a diferentes tramos según los años de servicio en la empresa.

Los requisitos para poder acceder de forma voluntaria al ERE incluyen un mínimo de 15 años de antigüedad para las filiales del CEV y 13 años para las GBU’s, con incentivos monetarios adicionales que oscilan de 5.000 a 18.000 euros, dependiendo de la duración de la vinculación con la empresa.

Las organizaciones sindicales han defendido la importancia de asegurar que el proceso de despido sea voluntario para evitar situaciones dolorosas entre los trabajadores. En el último ERE, 3.420 empleados dejaron Telefónica, cifra que se vio reducida en un 33% respecto a las bajas inicialmente propuestas.

El costo asociado a este nuevo ERE podría alcanzar hasta 1.700 millones de euros, similar al del anterior, mientras que la compañía espera que los ahorros derivados de estas medidas sean significativos, calculando aproximadamente 285 millones de euros anuales. Estas decisiones forman parte de un plan estratégico más amplio que busca economizar alrededor de 3.000 millones de euros para 2030.

Telefónica se encuentra en un momento crítico y el objetivo es que el acuerdo final del ERE sea ratificado antes de que termine el actual ejercicio fiscal, evitando así repercusiones económicas en el año entrante.