Las movilizaciones programadas por los sindicatos prometen ser intensas y decididas, y los líderes de estas organizaciones no descartan ninguna opción hasta que el Gobierno muestre disposición para dialogar.

El 30 de octubre, las agrupaciones CCOO, UGT y CSIF darán inicio a una serie de protestas en subdelegaciones de Gobierno a lo largo de todas las provincias del país, así como frente al Ministerio de Función Pública en Madrid. El objetivo: exigir nuevas condiciones salariales, aumentando la presión sobre el Ejecutivo para que abra negociaciones.

En una reciente conferencia de prensa, los representantes sindicales dejaron claro sus planes. Lucho Palazzo, del Área Pública de CCOO, anunció que la campaña de movilizaciones será “ascendente” y que se culminará con una gran manifestación en Madrid en noviembre. Además, enfatizó que no se descartan acciones adicionales hasta que se sitúe sobre la mesa una propuesta concreta para mejorar los salarios de los empleados públicos.

Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, subrayó la necesidad de un acuerdo renovado que contemple no solo un aumento salarial, sino también la definición de índices y cláusulas que eviten la pérdida de poder adquisitivo. “Es crucial que se establezcan revisiones claras”, afirmó Araque.

Por su parte, Miguel Borra, presidente de CSIF, criticó al ministro de Función Pública, Óscar López, por “ignorar” el diálogo social. Además, denunció que el Gobierno tiene una deuda significativa con los empleados públicos, que asciende a 1.860 millones de euros solo en los últimos diez meses. “La situación no puede continuar así”, sostuvo Borra.

Finalmente, los líderes sindicales enviaron un claro mensaje al Gobierno: “El tiempo se agota para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, estaremos ante la inminente convocatoria de la primera huelga en las Administraciones Públicas desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia”, advirtieron.