En Madrid, el 27 de enero, se ha generado un intenso debate sobre la reciente regularización extraordinaria de migrantes acordada entre el PSOE y Podemos, tras las críticas de varios sindicatos de la Policía Nacional. Estos sindicatos han señalado que la medida parece estar más vinculada a un "cálculo político" que a consideraciones de seguridad, advirtiendo sobre la falta de recursos necesarios para implementarla adecuadamente.

Desde el SUP, se ha manifestado que esta regularización masiva "sin medios" pone en peligro la seguridad pública, indicando que el Gobierno está trasladando una carga excesiva a la Policía, lo que agrava la situación en fronteras y servicios que ya están sobrecargados. El sindicato critica la decisión y sugiere que la regularización podría facilitar la llegada de nuevos migrantes a través de un llamado efecto de "llamada".

El SUP ha expresado su desaprobación por lo que considera una "irresponsabilidad absoluta" al promover un acuerdo que podría beneficiar a unas 500,000 personas en España, tal como anunció la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. El sindicato recuerda que no tener antecedentes penales no significa necesariamente que una persona no tenga antecedentes policiales, y que iniciativas como esta podrían resultar en un aumento de la actividad de las mafias dedicadas al tráfico humano.

Por su parte, Jupol ha emitido un comunicado alertando sobre un posible "colapso" en el departamento de Extranjería, destacando los riesgos operativos que conlleva una regularización masiva sin el correspondiente refuerzo policial. Según el sindicato, la carga de trabajo generada por la tramitación de solicitudes y verificación de identidades recaerá en unas unidades que ya se encuentran al límite de su capacidad en muchas regiones del país.

El sindicato también ha resaltado que uno de los requisitos para la regularización es la ausencia de antecedentes penales firmes, apuntando que una persona detenida recientemente por delitos graves podría no tener antecedentes debido a la duración de los procesos judiciales, que pueden extenderse por meses o incluso años.

Asimismo, Jupol recalca que decisiones de este tipo pueden proporcionar un "balón de oxígeno" a las mafias que operan en el ámbito del tráfico y la trata de seres humanos, amplificando aún más su preocupación. Otro sindicato, CEP, se ha sumado a las críticas, indicando que el Gobierno está rompiendo dos décadas de consenso en torno a la regularización de inmigrantes y que esta reforma podría obstaculizar los esfuerzos policiales contra las redes delictivas.

CEP también ha hecho hincapié en que la elección del camino para llegar a Europa está íntimamente ligada a las oportunidades que el país de acogida brinda a los inmigrantes para establecerse de manera permanente. Por último, este sindicato ha relacionado la medida con la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de "restaurar" apoyos en el Parlamento, advirtiendo que se aleja del consenso europeo en la gestión de flujos migratorios, que debe basarse en orden, previsibilidad y firmeza frente a las mafias.