MADRID, 7 Dic.

El sindicato independiente de docentes de la enseñanza pública (ANPE) y Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al Gobierno que apruebe un Estatuto Docente que mejore las condiciones del profesorado, tras los preocupantes resultados de España en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022. Este informe fue publicado esta semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la edición de 2022, los alumnos españoles han obtenido su peor resultado histórico del Informe PISA en Matemáticas. Asimismo, también han mostrado un empeoramiento en sus resultados en Lectura en comparación con el informe de 2018, aunque han experimentado una mejora en Ciencia.

Ante estos resultados preocupantes, ANPE insiste en la necesidad de apostar decididamente por la calidad de la enseñanza pública. Esto debería lograrse mediante un aumento de la inversión, que permita asegurar la adecuada dotación de medios y recursos tanto personales como materiales.

Además, ANPE considera que es prioritario prestar atención al profesorado y legislar un Estatuto Docente que contemple sus derechos, deberes, valoración y dignificación frente a la sociedad. También se requiere una verdadera carrera profesional que haga que la docencia sea más atractiva y motivadora.

La organización sindical considera que la educación debe convertirse en una auténtica prioridad para poder afrontar los cambios y reformas necesarios en el sistema educativo. Esto es fundamental para asegurar el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social en todo el territorio nacional.

Ante las grandes diferencias registradas en el Informe PISA 2022 entre las distintas comunidades autónomas en cuanto a los resultados, el sindicato exige un Pacto de Estado político, social y territorial que vertebre el sistema educativo y evite las brechas existentes.

Por su parte, CCOO defiende que los resultados de PISA demuestran la necesidad de avanzar considerablemente en calidad, equidad y nivel de inversión educativa. Se fija como objetivo alcanzar el 7% del PIB destinado a la educación, lo cual permitiría reducir las ratios, especialmente en las aulas que atienden a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Además, se propone incrementar las plantillas de profesorado y de todos los perfiles profesionales que contribuyen a mejorar la atención a la diversidad, la convivencia y el bienestar de las comunidades educativas. También se persigue reducir la carga lectiva del profesorado y evitar su sobrecarga de trabajo, así como disminuir el número de alumnos por docente para fortalecer su dedicación a tareas que mejoren el trabajo en el aula y los resultados escolares.

Para lograr esto, el sindicato considera que es "imprescindible" negociar un Estatuto Docente que mejore las condiciones del profesorado en esta legislatura.

"Nuestro sistema educativo público necesita mejoras estructurales que impliquen un incremento significativo y sostenido de recursos para afrontar los desafíos a los que se enfrenta. Todo ello requiere medidas legislativas contundentes y un plan de acción coordinado entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas", concluye CCOO.