Sobrevivientes de abusos en la Iglesia aplauden el nuevo protocolo de reparación, pero expresan su desconfianza ante la falta de criterios claros.

En Madrid, el 30 de marzo, se ha firmado un protocolo enfocado en la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, un paso que ha sido celebrado por muchas de las personas afectadas. Sin embargo, la incertidumbre persiste ante la falta de parámetros claros para la indemnización, lo que ha suscitado preocupación entre quienes han sufrido este tipo de delitos. Este acuerdo incluye a entidades como el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo.

Miguel Hurtado, quien se convirtió en el primer denunciante del escándalo de abusos en la Abadía de Montserrat, describió como “positivo” el establecimiento de un mecanismo de reparación administrado por el Estado y financiado por la Iglesia. No obstante, cuestiona la falta de un baremo que defina claramente las indemnizaciones: “Sin parámetros establecidos, el proceso resulta poco seguro y carente de transparencia”, argumentó Hurtado, sugiriendo que esta omisión podría estar orientada a limitar el impacto económico sobre la jerarquía católica.

Además, Hurtado señala como un aspecto negativo el plazo de un año que las víctimas tendrán para solicitar indemnizaciones, considerándolo “inadecuado” para quienes han soportado años de sufrimiento. En un tono crítico, resaltó que un baremo similar al utilizado en Irlanda podría haber garantizado una reparación más justa y completa.

Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada, también celebró la firma del protocolo, aunque lamentó que este esfuerzo haya llegado “demasiado tarde”. Criticó las interminables demoras causadas por las reticencias de la Iglesia: “Una institución con un historial de encubrimiento de pederastia debería estar más dispuesta a asumir sus responsabilidades”, afirmó Cuatrecasas.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cuenta con la confianza de las víctimas, quienes esperan que su actuación sea eficaz y comprometida. Cuatrecasas agregó que, aunque la falta de baremos genera una sensación de opacidad, están decididos a abogar por criterios de indemnización que reflejen adecuadamente la gravedad del daño sufrido.

Por su parte, Mikel Eziolatza de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, expresa una mezcla de esperanza y precaución ante los nuevos desarrollos. Aplaude la participación del Defensor del Pueblo, señalando que su enfoque es más inclusivo y serio que el del Plan PRIVA. Eziolatza también hizo un llamado para que las demandas de tratamiento psicológico y otras necesidades fundamentales de las víctimas no sean ignoradas en este proceso.

En este contexto, también se aboga por el reconocimiento de una “incapacidad” para aquellas víctimas que han enfrentado serias dificultades para reintegrarse al trabajo. La posibilidad de que quienes ya habían sido reparados en el Plan PRIVA puedan apelar a este nuevo sistema de indemnización ha sido vista como un avance necesario, pues el objetivo es que todas las víctimas sean tratadas de manera justa y equitativa.

Manuel Barbero, fundador de la Asociación Mans Petites y padre de una víctima de abusos en la red Maristas, valoró positivamente el acuerdo, aunque enfatizó la importancia de su correcta implementación. Barbero considera que es fundamental que la Iglesia y sus jerarcas sean coherentes y generosos en el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas.

Desde organizaciones como Justice Initiative España, ANIR, y otras, se ha manifestado un fuerte respaldo a este protocolo, destacando que su diseño se alinea con modelos europeos efectivos en la reparación de injusticias históricas. Resaltan la participación activa de las víctimas en el proceso, lo que sugiere una tendencia hacia la transparencia y la justicia necesaria para estos casos tan delicados.