El partido Sumar ha presentado una propuesta en el Congreso que busca transformar el panorama de la vivienda en España, con el ambicioso objetivo de que el parque público de vivienda alcance el 10% del total en un plazo de dos años. Esta propuesta implica que las viviendas en riesgo de ser desahuciadas se integren en el parque público para ser ofrecidas en alquiler, y sugiere la posibilidad de expropiar propiedades vacías de entidades bancarias y fondos de inversión.

Las medidas forman parte de una iniciativa más amplia que abordará la crisis de la vivienda, considerada uno de los desafíos sociales más graves del momento. Sumar destaca la creciente dificultad de acceder a viviendas asequibles, exacerbada por la disparidad entre los salarios y los costes del mercado inmobiliario.

A través de un comunicado, la coalición, encabezada por Yolanda Díaz, enfatiza que la situación se agrava aún más por la acaparación de propiedades por fondos de inversión y empresas inmobiliarias. Actualmente, en España existen 320.000 viviendas de carácter social y asequible, muy por debajo de los 1,8 millones que se necesitarían para estar en línea con la media europea.

En respuesta a esta crisis, Sumar ha delineado una serie de propuestas que buscan expandir el parque público de vivienda. Uno de los puntos claves es exigir al Gobierno que se logre un 10% en 2027 y un 20% en 2035 de viviendas públicas de alquiler social, además de destinar al menos el 2% del PIB a políticas de vivienda hasta 2035, con el fin de multiplicar por cuatro el actual porcentaje de vivienda pública.

Otra medida crucial es la de eliminar los desahucios, integrando las viviendas en riesgo al parque público, asegurando que el alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares. La propuesta también contempla la posibilidad de ofrecer una renta mínima o la implementación de moratorias en situaciones de vulnerabilidad, siempre que se justifiquen adecuadamente.

En este contexto, Sumar aboga por asignar recursos económicos para estas iniciativas, sugiriendo que se gestionen a través de una futura empresa estatal de vivienda. Asimismo, la propuesta incluye medidas para la expropiación de viviendas desocupadas y terrenos en desuso, con el fin de reintegrarlos al parque público.

La coalición también plantea la creación de un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la función social de la propiedad, centrándose especialmente en suelos urbanos y potencialmente urbanizables. Además, propone un programa que permita a las administraciones adquirir viviendas privadas mediante el derecho de tanteo y retracto, facilitando así un acceso más rápido al parque público de vivienda.

En términos de construcción, Sumar exhorta a las empresas municipales y autonómicas, así como a la empresa estatal de vivienda, a que se comprometan a construir anualmente 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles. Para ello, es fundamental la rápida transferencia de activos de suelo y viviendas de la Sareb al SEPES.

Finalmente, Sumar enfatiza la necesidad de que la gestión de las viviendas del parque público sea realizada exclusivamente por las administraciones, asegurando que su finalidad sea habitacional y no meramente lucrativa. La gestión de estas viviendas solo podrá delegarse a organizaciones sin ánimo de lucro cuando esté debidamente justificada la incapacidad de gestión directa, y siempre bajo convenios que aseguren la preservación de su calificación durante el tiempo de cesión.