El grupo parlamentario Sumar presentará una querella contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su intervención en el Pleno extraordinario que dio lugar a la declaración institucional contra la Ley de Amnistía. Según la denuncia, estos miembros del órgano de gobierno de los jueces habrían cometido un presunto delito de prevaricación administrativa al promover una resolución que excede las competencias del CGPJ.

La querella se dirige contra los ocho promotores de la declaración (Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona), así como contra Wenceslao Olea, que votó a favor, y el presidente Guilarte, que optó por votar en blanco. Sumar argumenta que estos vocales conservadores se atribuyeron funciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre una proposición de ley que ni siquiera existía ni estaba registrada.

La querella también critica la intención de los promotores de la declaración de enviar un mensaje apocalíptico que incrementa la crispación social, especialmente al tratarse de una declaración institucional. La resolución institucional del CGPJ contra la amnistía fue aprobada el pasado 6 de noviembre durante una sesión plenaria, en la que se alertaba de que su aplicación supondría la abolición del Estado de Derecho.

Sumar destaca que esta resolución descalifica e imputa conductas gravísimas al jefe del Ejecutivo y contradice las resoluciones previas del CGPJ en relación con el Poder Judicial. Además, cuestiona la base legal para convocar el pleno del organismo. El grupo parlamentario argumenta que los querellados actuaron más allá de sus funciones y en contra de la limitación impuesta por la situación de mandato caducado del CGPJ.

Por otro lado, Sumar señala que el presidente del CGPJ debería velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a sus funciones, sin embargo, en este caso, se habría valorado la conducta de otra autoridad del Estado, acuerdos políticos y posibles normas futuras. El grupo también destaca que, según la declaración institucional del 6 de noviembre, los querellados decidieron interferir en una cuestión que afecta a los intereses generales y emitieron una resolución definitiva, lo cual no puede considerarse un acto político.

En resumen, Sumar considera que los vocales conservadores del CGPJ incurrieron en un presunto delito de prevaricación administrativa al promover una resolución que excede sus competencias y que tiene un carácter político más que jurídico.