Un nuevo enfoque para la política de vivienda en España está tomando forma gracias a la propuesta de Sumar que, en un movimiento significativo, sugiere un incremento en la inversión del Plan Estatal de Vivienda (PEV) hasta alcanzar la cifra de 65.000 millones de euros. Esto correspondería al 1% del PIB destinado a la construcción de viviendas públicas y asequibles, lo que marca una ambiciosa meta en el marco del desarrollo habitacional del país.

La propuesta de Sumar incluye una exigencia para abrir un diálogo directo con el partido socialista del Gobierno, con el objetivo de establecer las bases de este nuevo plan para el periodo 2026-2030. La iniciativa no solo busca aumentar el presupuesto asignado, sino también redefinir la gestión del stock inmobiliario existente y fomentar un parque de alquiler asequible que oscile entre 400 y 600 euros mensuales.

Entre las ideas planteadas se encuentra la creación de un sistema que permita el uso de 58.000 millones de euros adicionales a través de préstamos blandos provenientes de los fondos europeos Next Generation, unos recursos que podrían ser decisivos para lograr un impacto positivo en el acceso a la vivienda. Este enfoque es considerablemente más alto que la propuesta del presidente Pedro Sánchez, quien sugirió solo 7.000 millones de euros durante la última Conferencia de Presidentes.

La estrategia de Sumar también contempla una supervisión rigurosa sobre cómo se usan esos recursos, asegurando que sean destinados exclusivamente a cumplir con los objetivos estipulados en el plan, especialmente en lo que respecta a la creación de viviendas disponibles para alquiler a precios justos. Se plantea la posibilidad de que los fondos sean distribuidos de manera competitiva, asignando recursos a aquellas comunidades que demuestren un verdadero compromiso con la implementación de políticas de vivienda efectiva.

Además, Sumar propone fusionar todos los recursos inactivos de titularidad pública en una única entidad, lo que facilitaría una gestión más eficaz de los activos disponibles. Este movimiento incluiría propiedades de la Sareb y otros organismos estatales, con el fin de maximizar la utilización de la vivienda pública para satisfacer las necesidades habitacionales de la población.

La iniciativa también aboga por la regulación de viviendas vacías, que se estima superan los 3,8 millones, pidiendo a los ayuntamientos que establezcan agencias dedicadas a promover el alquiler asequible. A través de este enfoque, la administración también podría asumir la función de "casero público", facilitando acuerdos de alquiler con propietarios que actualmente tienen sus inmuebles desocupados.

En un esfuerzo por contener la especulación, Sumar está enfocado en proteger el derecho de tanteo y retracto, permitiendo a las administraciones adquirir propiedades de particulares, especialmente aquellas que se encuentran a la venta en el mercado. Adicionalmente, busca normalizar la fiscalidad sobre los arrendamientos turísticos, estableciendo medidas que reduzcan este tipo de alquiler en zonas de alta demanda y que incentiven el modelo habitacional tradicional.

El documento que ha presentado Sumar también incluye un conjunto de medidas para fortalecer el acceso a la vivienda, como reservar un porcentaje mínimo de nuevos desarrollos para vivienda protegida y establecer mecanismos para asegurar la construcción de nuevos hogares en terrenos urbanizables. En este contexto, la propuesta resalta la necesidad de prohibir la especulación en la compra de viviendas, evitando que adquisiciones de empresas o extranjeros afecten las áreas más necesitadas de viviendas asequibles.

Además, Sumar hace un llamado a consolidar recursos estatales en vivienda bajo el cumplimiento de leyes específicas, y sugiere la implementación de un régimen sancionador para asegurar la aplicación de estas normativas. También se destacan iniciativas para regular precios de alquiler en función de la renta local, y se sugieren modelos de contrato que favorezcan el alquiler a largo plazo.

Como parte de su estrategia, Sumar no solo busca abrir una línea de diálogo con el Ministerio de Vivienda, sino que también planea consolidar todas estas propuestas en una ley que será presentada en el Congreso. Esta acción podría ser un paso decisivo hacia la transformación de la política de vivienda en España, haciéndola más accesible y sostenible para todos.