En un reciente desarrollo en la Audiencia Nacional, dirigentes de Adif e Ineco han declarado que no recibieron instrucciones para la contratación de Jésica Rodríguez, excompañera del exministro José Luis Ábalos, para un puesto administrativo. Este testimonio se produjo tras la revelación de que la supervisión sobre Rodríguez se detuvo cuando comenzó a depender de Joseba García, hermano de un exasesor ministerial.

Este martes, el juez instructor, Ismael Moreno, ha tomado declaración a varios testigos, entre ellos la responsable de Selección en Ineco y el director de Gestión Administrativa de Adif, en el contexto de la supuesta contratación irregular de Jésica Rodríguez.

Según han indicado fuentes cercanas al caso a Europa Press, los testigos afirmaron no haber recibido ninguna solicitud de contratación desde Adif y tampoco se habían reportado quejas sobre la falta de actividad laboral por parte de Rodríguez. Este argumento se fundamentó en que recibían regularmente sus partes de trabajo, lo que, a su juicio, significaba que estaba cumpliendo con su labor.

Además, uno de los testigos, que ocupa el cargo de jefa de proyecto, destacó que Jésica continuó bajo su supervisión hasta que se le notificó que debía rendir cuentas a Joseba García, momento en el que perdió el control sobre su trabajo.

El juez Moreno ha expresado sus dudas sobre la legalidad de la contratación de Rodríguez, tratando de esclarecer posibles delitos de malversación y tráfico de influencias, en relación con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien está siendo investigada en este asunto.

La imputación de Pardo de Vera incluye dos contratos laborales de Jésica, tanto en Ineco como en Tragsatec, donde se sostiene que su labor era puramente administrativa y que estaba vinculada directamente a la presidencia de Adif.

Esta imputación se llevó a cabo apoyada por la Fiscalía Anticorrupción y a pedido del juez del "caso Koldo" en el Tribunal Supremo, quien encontró indicios que sugieren la notable implicación de Pardo de Vera en lo que él calificó como una contratación "caprichosa" a instancias de Ábalos y su exasesor.

En su declaración ante el Tribunal Supremo, Rodríguez expresó que no había desempeñado ninguna actividad profesional en las empresas mencionadas, sino que solo había recibido salarios sin necesidad de asistir a trabajar. Esto ha llevado al juez a creer que existen suficientes pruebas para investigar más a fondo el papel de Pardo de Vera en su contratación.

Como resultado, Pardo de Vera ha sido citada para declarar como investigada el próximo 1 de julio, mientras que el Tribunal Supremo ha asumido parte del "caso Koldo", debido a la condición de aforado de Ábalos, aunque ha delegado gran parte de la investigación sobre la contratación de Rodríguez a la Audiencia Nacional.

Recientemente, se ha informado que Pardo de Vera ha cambiado de abogado en el curso de esta causa, siendo ahora representada por Gonzalo Rodríguez-Mourullo tras la salida de Rosa María Seoane, exabogada del Estado. Esta nueva defensa se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las adjudicaciones en obras públicas y las irregularidades asociadas a ellas.