En un intento por conseguir una mejora en la propuesta de la CEOE y alcanzar un acuerdo de forma "rápida", el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se enfrenta a la inminente realidad de que el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a situarse en los niveles de 2023, dado que no se ha prorrogado el incremento previsto para 2024.

Pérez Rey ha dado a conocer que la CEOE ha presentado una propuesta para elevar el SMI un 3% en 2025. Sin embargo, ha dejado claro que esta cifra no será aceptada, ya que no se ajusta a la promesa de articular un salario mínimo que respete el 60% del salario medio, compromiso al que se han comprometido ambos partidos que conforman el Gobierno de España y también a nivel internacional. La decisión definitiva se deberá tomar en una próxima reunión programada para el miércoles que viene.

Según ha explicado el secretario de Estado, el planteamiento de la CEOE no solo incluye esta subida del 3% del SMI, sino que también sugiere indexar los incrementos del SMI a los contratos públicos y ha ofrecido algunas ayudas para el sector agrícola, aunque sin detallar las características de estas últimas.

El incremento propuesto por la patronal llevaría el SMI a 1.168 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que representa un aumento de 34 euros respecto a los 1.134 actuales. En contraste, el Ministerio de Trabajo ha planteado un incremento del 4,4%, lo que se traduciría en un aumento de 50 euros mensuales, alcanzando un total de 1.184 euros en 14 pagas, en línea con las recomendaciones formuladas por el comité de expertos en materia de SMI.

Pérez Rey ha manifestado que considera "positivo" que la CEOE haya avanzado una oferta para aumentar el SMI, especialmente si se compara con su postura anterior que se caracterizaba por bloquear negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, ha subrayado que la propuesta actual es "insuficiente" y ha instado a la patronal a reconsiderar sus condiciones y cifras en la siguiente reunión.

El impacto de la subida del SMI es significativo, ya que podría afectar a aproximadamente el 20% de los trabajadores en Extremadura, el 18% en Canarias, el 16% en Murcia y cerca del 15% en Castilla-La Mancha. Esta medida, una vez aprobada, beneficiaría en un 65% a mujeres y alrededor del 26% a jóvenes entre 16 y 25 años, lo que evidencia su alta relevancia en la vida cotidiana de la población trabajadora.

Respecto a las otras propuestas presentadas por CEOE y Cepyme, el secretario de Estado ha manifestado que, si se logra un acuerdo sobre el porcentaje de aumento del SMI, las demás cuestiones no deberían convertirse en un obstáculo para alcanzar un consenso tripartito.

Pérez Rey ha indicado que se han planteado a la CEOE hasta qué punto ciertas condiciones son "sine qua non" para llegar a un acuerdo sobre el SMI, aunque no ha habido una respuesta definitiva por parte de la patronal ya que se han referido a consulta con sus órganos de dirección.

El secretario de Estado también se ha comprometido a aprobar el nuevo SMI "a la mayor brevedad posible" en respuesta a la falta de prórroga del SMI, que regresará a su nivel previo de 2023 a raíz del rechazo del Partido Popular (PP) al decreto, provocando una caída del salario a 1.080 euros mensuales durante el tiempo que duren las negociaciones para la nueva alza.

Pérez Rey ha calificado de "destructiva e insensata" la postura del PP, que ha impedido la continuidad de la subida del SMI y ha impactado otras medidas de protección laboral como la prórroga de los ERTE en La Palma y su ampliación a otros municipios afectados por la DANA.

A pesar de la situación, el secretario de Estado ha tranquilizado a los más de 2.5 millones de trabajadores que perciben el SMI, asegurando que desde el Ministerio de Trabajo se tomarán las medidas necesarias para que la falta de prórroga no repercuta negativamente en sus salarios.

Pérez Rey ha garantizado que, en caso de que la falta de prórroga afecte a algún trabajador, se establecerán mecanismos de compensación inmediatos a través de un nuevo Real Decreto sobre el Salario Mínimo Interprofesional para 2025.

Además, ha anunciado que el Ministerio de Trabajo desarrollará pautas que aseguren el respeto al salario mínimo interprofesional vigente en 2024, buscando actitudes proactivas para mitigar el impacto de la negativa del PP en la tramitación del decreto relevante.

Sobre la cuestión de la tributación del IRPF respecto al nuevo aumento del SMI, Pérez Rey ha aclarado que la responsabilidad recae en el Ministerio de Hacienda, no en su departamento.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han expresado su preocupación por la caída del decreto ómnibus, pero han apoyado el mensaje de calma transmitido por el Gobierno, asegurando que solo afectará a los nuevos contratos que se rijan por el SMI en este mes. Ambos sindicatos se han comprometido a trabajar para llegar a un acuerdo el próximo semana que minimice los problemas para los trabajadores.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha señalado que existe la posibilidad de introducir modificaciones en el decreto del SMI de 2025 para evitar que los nuevos contratos se vean perjudicados durante este periodo de incertidumbre.

En su evaluación de la reunión de este miércoles, CCOO y UGT han valorado positivamente la propuesta de la CEOE, aunque han dejado claro que está lejos de lo que exigen, apuntando a una revisión que sitúe el salario mínimo cerca de los 1.200 euros al mes, conforme a lo estipulado por la Carta Social Europea.

Finalmente, CCOO ha rechazado las otras dos propuestas de CEOE y Cepyme por considerarlas incoherentes, argumentando que el sector agrícola se encuentra en una situación beneficiosa y criticando la desindexación del SMI en los contratos públicos. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha enfatizado la necesidad de abordar la compensación y los pluses abonados a trabajadores, a fin de asegurar que cualquier alza del SMI se refleje efectivamente en sus nóminas.

A pesar de que ambos sindicatos se han comprometido a buscar un acuerdo lo más rápido posible, han dejado claro que la urgencia no deberá prevalecer sobre la necesidad de mejorar las condiciones del salario mínimo interprofesional.