En un sorprendente giro de los acontecimientos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho pública su intención de reabrir la histórica prisión de Alcatraz, cerrada desde la década de 1960, lo que posiblemente desencadenará un intenso debate nacional sobre justicia penal y derechos humanos.

En un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, Trump instruyó a varias instituciones gubernamentales, incluyendo el Departamento de Justicia y el FBI, a revitalizar la antigua prisión para albergar a los criminales más peligrosos del país, afirmando que esta medida es necesaria para restablecer el orden en las calles estadounidenses.

El mandatario expresó su frustración con el sistema judicial actual, asegurando que el país ha sido "rehén" de criminales y de lo que él llama “jueces con miedo”, al mismo tiempo que presentó la reapertura de Alcatraz como un símbolo del restablecimiento de la ley y el orden en la nación. "¡Haremos a América grande de nuevo!", proclamó, en línea con su conocido lema de campaña.

Trump subrayó la gravedad del problema, describiendo la situación en Estados Unidos como una crisis llena de delincuentes reincidentes que, a su juicio, solo traen miseria y sufrimiento a la sociedad. Argumentó que, en el pasado, el país no dudaba en incapacitar a los criminales más peligrosos, apuntando a un retorno a políticas más severas.

Sin embargo, el presidente también se vio obligado a aclarar sus intenciones tras recibir preguntas de los medios. Durante su regreso a la Casa Blanca, enfatizó que su propuesta era “solo una idea”, refiriéndose a la resistencia de los “jueces politizados” a seguir adelante con deportaciones rápidas y sin el debido proceso para los migrantes.

Es interesante observar que Alcatraz, que operó como prisión federal desde 1934 hasta su cierre en 1963 por problemas financieros, es hoy una atracción turística gestionada por el Servicio de Parques Nacionales. Este anuncio plantea cuestiones sobre el futuro del lugar y el impacto que una posible reapertura tendría no solo en la percepción pública del sistema penitenciario, sino también en las discusiones más amplias sobre reforma judicial y derechos humanos en Estados Unidos.