En un cambio significativo para los usuarios de tecnología, se acerca el término del soporte para Windows 10, un sistema operativo que ha sido la base de millones de computadoras a nivel global. A partir de mañana, esta versión de Microsoft enfrentará un vacío de seguridad, dejando desprotegidos a sus usuarios, aunque hay opciones para extender la protección durante un año adicional.

Las estadísticas más recientes de Statcounter revelan que aproximadamente el 40,5 por ciento de los dispositivos en el mundo todavía utilizan Windows 10, en contraste con el 48,9 por ciento que ha actualizado a Windows 11. Estos porcentajes reflejan la relevancia de la versión más antigua, la cual, a partir de mañana, quedará desprovista de actualizaciones de software, seguridad y asistencia técnica, recursos que seguirán disponibles para los usuarios de la versión más reciente.

Es importante mencionar que el salto a Windows 11 no es viable para todos. Muchos computadoras que aún operan con Windows 10 no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para realizar la actualización, y otros usuarios pueden enfrentarse a limitaciones económicas que les impiden adquirir nuevos dispositivos con el sistema ya instalado.

Afortunadamente, existen opciones para los que se encuentran en esta situación. Los usuarios pueden optar por el programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU), que, aunque tiene un coste de 30 dólares, les ofrecerá un año de protección adicional, válido hasta el 13 de octubre de 2026. También existe una alternativa, mediante la cual los usuarios pueden canjear mil puntos de Microsoft Rewards, si es que los tienen. La inscripción, sin embargo, es un paso necesario que se debe realizar a través de la función de 'Windows Update' antes de que finalice el programa el próximo año.

Para los usuarios de Windows 10 que residen en la Unión Europea, hay una noticia alentadora: podrán acceder a estas actualizaciones de seguridad extendidas de forma gratuita. Esta decisión, anunciada por Microsoft en septiembre, se deriva de la presión ejercida por diversas organizaciones de defensa del consumidor, como Euroconsumers y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estas entidades han abogado para que los ciudadanos europeos reciban actualizaciones sin coste alguno, en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA), resguardando así la seguridad de un gran número de usuarios en el continente.