En medio de un clima político cada vez más polarizado, Vox ha tomado la iniciativa de presentar una moción en el Congreso de los Diputados que solicita al Gobierno la derogación del recientemente aprobado Reglamento de Extranjería. Este reglamento tiene como objetivo regularizar la situación de aproximadamente 900.000 personas extranjeras en España durante un periodo de tres años, un tema que ha generado un intenso debate en la sociedad española.

La moción de Vox surge tras una interpelación urgente que se llevó a cabo en la Cámara Baja, donde la formación liderada por Santiago Abascal puso en tela de juicio las implicaciones de dicha normativa. El reglamento, que fue aprobado el 19 de noviembre, busca simplificar procedimientos, eliminar burocracias innecesarias y proporcionar mayores garantías jurídicas a los que buscan establecerse legalmente en España.

Sin embargo, Vox argumenta que la nueva normativa es un paso más hacia lo que consideran una regularización masiva y descontrolada de inmigrantes. Según la formación de extrema derecha, este enfoque supone una amenaza a la cohesión social y al mercado laboral español, al facilitar la entrada y permanencia de miles de personas sin las debidas garantías de integración.

El discurso de Vox enfatiza que estas políticas favorecerán un abaratamiento de la mano de obra, lo que podría agravar la situación económica de muchos españoles. Abascal y su partido critican al Gobierno por no priorizar el apoyo a la natalidad y a las familias españolas, sugiriendo que están optando por un modelo de inmigración que, según ellos, diluiría la identidad nacional y cultural del país.

Además, la moción exige la necesidad de terminar con lo que Vox denomina "políticas de efecto llamada" y demanda una aceleración en los procesos de deportación para aquellos inmigrantes que han llegado de manera irregular. La crítica se extiende a los números, señalando que de los cerca de 172.000 migrantes que llegaron a España entre 2020 y 2023, solo alrededor de 9.500 han sido efectivamente expulsados.

Asimismo, la propuesta apunta a que el Gobierno implemente reformas legales que prevengan el fraude en el empadronamiento, que permite a los inmigrantes ilegales acceder a beneficios sociales. Vox insta también a que se restrinja la recepción de ayudas sociales para aquellos que hayan ingresado al país de forma ilegal y a que se eliminen las subvenciones a organizaciones que, a su juicio, facilitan la inmigración irregular.

En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, Vox pide que se les devuelva a sus países de origen junto a sus familias y se opone a la apertura de nuevos centros de acogida, proponiendo el cierre de los existentes. La formación también solicita la eliminación de las ayudas de Cooperación al Desarrollo para aquellos países que no colaboren con la lucha contra la inmigración ilegal.

Finalmente, la moción incluye una fuerte crítica al fundamentalismo islámico, instando al Gobierno a impedir su entrada y expansión en España, así como a evitar su financiación. Vox exige el cierre de centros islámicos que, según afirma, incumplen los principios de respeto hacia las mujeres y la civilización occidental.

El líder de Vox concluye que los ciudadanos españoles demandan la creación de barrios seguros, donde sus hijos puedan jugar y pasear sin miedo a ser víctimas de acoso o agresiones, particularmente subrayando la vulnerabilidad de niñas, mujeres y personas mayores en este contexto.