En una jornada marcada por la polarización política, el Congreso de los Diputados ha visto a Vox, junto con el Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), unirse en una propuesta que solicita al Gobierno que se oponga al pacto de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Esta iniciativa se fundamenta en la inclusión de productos agrícolas del Sáhara Occidental bajo condiciones arancelarias favorables, lo cual genera un intenso debate sobre la soberanía y los derechos del pueblo saharaui.

La moción fue presentada tras una interpelación urgente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y mientras Vox impulsa esta postura, el PSOE y sus aliados, que incluyen a ERC, PNV, Bildu, Podemos, Junts, Coalición Canaria y BNG, se posicionaron en contra de la propuesta. La mayoría de los puntos planteados por Vox fueron rechazados, lo que evidencia la división de opiniones en el hemiciclo.

Este jueves, el Congreso aprobó la moción de Vox que demanda al Gobierno que se oponga a la modificación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. Este cambio pretende incorporar productos del Sáhara Occidental con un régimen arancelario preferente, en cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 4 de octubre de 2024.

A pesar del rechazo por parte de los grupos de izquierda, estos también han manifestado su deseo de que el Ejecutivo se oponga a las negociaciones comerciales que la UE desea concretar con Marruecos, argumentando que estas transacciones afectan de manera adversa a los derechos del Sáhara Occidental. Se informó que un grupo de estos partidos envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instando a tomar posición en este delicado asunto.

La carta, impulsada por el intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, condena las tácticas de la Comisión Europea y Marruecos para promover un nuevo acuerdo comercial que incluye al Sáhara Occidental, un territorio bajo ocupación ilegal. Además, la misiva recordaba que el TJUE dictaminó que cualquier acuerdo relacionado con los recursos naturales del Sáhara Occidental debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui para ser considerado válido.