En un contundente llamado a la defensa de los derechos laborales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dirigido una carta tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, instándolos a tomar medidas frente a un convenio de la Comunidad de Madrid que, a su juicio, podría vulnerar el derecho constitucional a la huelga.

Este conflicto se centra en el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, que establece las condiciones laborales del personal funcionario en la región y que recibió luz verde el pasado 11 de diciembre. La noticia se hizo oficial con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 23 de diciembre.

Desde el Ministerio de Trabajo, se ha indicado que ciertos artículos del convenio, en particular el artículo 10 y la disposición adicional décima, permiten a la administración suspender la carrera profesional horizontal de los empleados, así como interrumpir sus efectos retributivos, en caso de que se convoquen huelgas o manifestaciones por parte de los sindicatos que firman el acuerdo.

Las cartas dirigidas por el Ministerio de Trabajo enfatizan que una cláusula de este tipo constituye un ataque directo a derechos fundamentales como los de reunión y expresión, calificándola de una infracción grave y evidente de las libertades civiles esenciales.

Además, se critica que este tipo de medidas representan una clara degradación de la participación democrática de los trabajadores, en un contexto donde los convenios colectivos son fundamentales para la regulación de las relaciones laborales de los funcionarios en la Comunidad de Madrid.

El Ministerio también hace hincapié en que esta cláusula de paz laboral excede lo que se podría considerar aceptable en este tipo de acuerdos, creando efectos negativos que transcienden a las organizaciones firmantes y, sorprendentemente, afectando a los derechos de garantías establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Por último, se ha informado que el convenio en cuestión, al vulnerar la legalidad constitucional vigente, puede ser objeto de impugnación, lo cual "lesiona gravemente" el interés de los trabajadores. De esta forma, el Ministerio de Trabajo ha solicitado formalmente a la Fiscalía que inicie los trámites para la impugnación del convenio colectivo y que explore las posibles acciones penales que pudieran ser pertinentes.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo destaca la importancia de que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo actúen de oficio, dado que son las entidades más adecuadas para abordar esta problemática, especialmente ante la pasividad mostrada por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que ha autorizado la publicación de dichos textos controversiales.