EH Bildu ha denunciado públicamente la situación precaria en la que se encuentran las empleadas del hogar, quienes tienen que acudir a los tribunales para reclamar su derecho a recibir la prestación por desempleo correspondiente a todo el tiempo trabajado. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha destacado que ya son más de 13.000 mujeres del sector las que cuentan con este reconocimiento, a pesar de que aún existen obstáculos burocráticos que dificultan su acceso a este derecho.

En respuesta a cuestionamientos realizados por la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, Díaz ha reconocido que existen divergencias en la interpretación de la normativa vigente, lo que ha llevado a la emisión de siete sentencias judiciales al respecto. A pesar de los avances normativos realizados en el 2022 para equiparar las condiciones laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar, aún persisten barreras que impiden un acceso equitativo a la prestación por desempleo.

La senadora de EH Bildu ha señalado que el SEPE está realizando interpretaciones restrictivas que limitan el periodo tomado en cuenta para el cálculo de la prestación, lo cual perjudica especialmente a quienes se encuentran cerca de la jubilación y tienen dificultades para seguir trabajando en el sector. Esta discriminación ha sido denunciada en diversas instancias, incluyendo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha emitido un fallo contrario a la normativa vigente en España.

Por su parte, Yolanda Díaz ha recalcado que el Gobierno ha realizado esfuerzos significativos para mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar, destacando la aprobación de un subsidio extraordinario de desempleo durante la pandemia y la ratificación del convenio 189 de la OIT. A pesar de los avances, reconoce que aún persisten desafíos en la correcta interpretación de la normativa vigente.

Díaz ha agradecido el apoyo de EH Bildu en la aprobación de normativas que buscan mejorar la protección social de las trabajadoras del hogar, un colectivo mayoritariamente femenino, compuesto en su mayoría por migrantes y mujeres mayores de 45 años. La ministra ha lamentado la histórica exclusión de estos derechos para las empleadas del hogar y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la mejora de sus condiciones laborales y de seguridad social.