MADRID, 14 de diciembre.

La Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que opera bajo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuenta en la Península con un total de 45.185 plazas destinadas a la acogida de inmigrantes, según lo ha informado recientemente el Gobierno español.

En una serie de respuestas por escrito a preguntas formuladas por el grupo parlamentario Junts en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, se ha desglosado que de este total, 29.211 plazas pertenecen al Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) y 15.974 al Programa de Atención Humanitaria.

El Ejecutivo ha aclarado que este Programa de Atención Humanitaria tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de las personas inmigrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad al llegar a las costas españolas o al ingresar por vía terrestre, particularmente a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Específicamente, el Gobierno ha indicado que la asistencia a estas personas se proporciona en centros públicos que son gestionados directamente por el Ministerio, así como en instalaciones que son administradas en colaboración con 14 entidades del tercer sector que cuentan con autorización para operar en este ámbito.

Adicionalmente, se ha destacado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene un papel activo en el proceso de traslados, una vez que las personas que llegan a España han sido identificadas como adultos por la Policía y son dirigidas a alguno de los recursos disponibles.

En este contexto, se ha especificado que los traslados hacia la península desde las Islas Canarias, Baleares o los CETIs de Ceuta y Melilla se realizan de acuerdo a un "protocolo estandarizado de redistribución territorial". Este protocolo considera factores como la capacidad de los centros, la disponibilidad de plazas, la colaboración con entidades especializadas y las redes de apoyo que las personas puedan tener a su llegada, así como su perfil de vulnerabilidad y situación jurídico-administrativa.

El Gobierno también ha puntualizado que la asignación de estas plazas está sujeta a la situación contextual del programa en cada momento, lo que significa que se ve influenciada por la evolución de la situación migratoria, las características de los recursos disponibles, la época del año y otras situaciones de presión no migratoria que puedan surgir.

Asimismo, se ha destacado que en el proceso de asignación se evalúa el perfil específico de cada inmigrante, teniendo en cuenta sus necesidades particulares (como la situación de hombres solos, familias, mujeres solas, entre otros grupos vulnerables).

El Ejecutivo ha agregado que estas plazas forman parte de una red estatal que se actualiza en tiempo real según diferentes factores, incluyendo la situación migratoria, las salidas de usuarios y la disponibilidad resultante de plazas, así como la naturaleza y situación de los recursos y dispositivos disponibles.

Respecto al régimen de acogida, el Gobierno ha enfatizado que las personas que residen en estos centros "gozan de libertad de movimientos en todo momento", a excepción de los horarios establecidos para las actividades. También se ha asegurado que estos individuos pueden salir voluntariamente del centro por diversas razones, como reunirse con familiares o personas cercanas.

“La Administración no obliga a estas personas a salir ni las orienta hacia una zona o municipio específico. Además, cuando se manifiestan tener contactos en otras áreas, se verifica la autenticidad de esos vínculos para tratar de prevenir, en la medida de lo posible, situaciones de trata o explotación bajo la apariencia de 'vínculos falsos',” ha explicado el Gobierno.

Por otro lado, se ha indicado que la Secretaría de Estado de Migraciones se compromete a enviar mensualmente información actualizada a las comunidades autónomas sobre el número de plazas en los dispositivos estables del Programa de Atención Humanitaria. También mantiene informadas a las Delegaciones de Gobierno y a los municipios sobre la apertura de nuevos centros y dispositivos emergentes para hacer frente al aumento de llegadas.

Finalmente, desde el 1 de enero de 2023, el Programa de Atención Humanitaria se ejecuta con carácter ordinario en el marco de la acción concertada, al tiempo que se ha señalado que también se adapta a situaciones extraordinarias, como la reciente declaración de emergencia adoptada en octubre de 2023 y sus posteriores ampliaciones para los años 2023 y 2024.