Una reciente evaluación por parte de Ecologistas en Acción ha sacado a la luz un preocupante fenómeno en torno a la transición hacia energías renovables, advirtiendo sobre un "sobredimensionamiento" de los proyectos aprobados y en ejecución en el país.

La organización ambientalista ha calificado esta situación como una "burbuja" que podría tener repercusiones serias sobre la biodiversidad, el paisaje y el sector primario, dada la densa concentración de proyectos en ciertas áreas geográficas. La crítica se enmarca en la falta de una planificación adecuada que garantice un equilibrio entre el avance hacia una economía sostenible y la protección de los ecosistemas.

Ecologistas en Acción ha instado a la implementación de una estrategia de descarbonización "valiente y bien estructurada" que apunte a lograr un consumo energético reducido, una descarbonización completa para 2040, y el objetivo ambicioso de producir electricidad 100% de fuentes renovables para el año 2030.

Aún cuando el aumento en la generación de energías renovables ha contribuido a disminuir las emisiones de CO2 en el sector eléctrico (actualmente menos del 40% en comparación con el periodo de 2014 a 2018), la organización subraya que este crecimiento no está exento de tensiones sociales en las áreas afectadas por estas instalaciones, según señala su último informe titulado 'Instalación de energías renovables en el sistema eléctrico peninsular.'

El informe pone de manifiesto un "sobredimensionamiento" en el sector eólico, revelando que los proyectos actualmente en operación y los que están en fase de autorización superan en un 3% la potencia considerada en la más reciente revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), estimada en 62 gigavatios (GW). Si se incluyen los proyectos que están en evaluación, esa cifra alcanza un alarmante 27% por encima del objetivo establecido.

En el caso de la energía eólica, para el año 2024, ya se ha registrado un aumento del 30% en la capacidad instalada comparado con 2019. Sin embargo, el crecimiento de la energía solar fotovoltaica es aún más notable, multiplicándose por siete en ese mismo periodo. Esta modalidad de energía representa un 56% y un 85% más de capacidad en relación a los 76 GW fijados como meta por el PNIEC.

Rodrigo Irurzun, coordinador del informe, ha advertido que el exceso de potencia en marcha no solo conlleva un "desperdicio" de materiales, que se extraen en condiciones que generan impactos ambientales significativos, sino que también produce un efecto colateral de descontento en las comunidades locales donde se instalan estas infraestructuras.

Particularmente en la energía fotovoltaica, el informe destaca el problema del "vertido renovable", un fenómeno que emerge cuando la generación de energía excede la capacidad del sistema para absorberla, llevando a la necesidad de limitar la potencia, una situación que podría intensificarse si se activa toda la capacidad proyectada.

Además, el estudio ha evaluado la demanda, las posibilidades de almacenamiento y las interconexiones eléctricas necesarias para dimensionar adecuadamente la capacidad renovable en diferentes escenarios. La mayoría de las simulaciones indican que la fotovoltaica podría representar entre un 28% y un 38% del total, con potencias máximas que varían entre 70 GW y 72 GW, que son inferiores a lo que el PNIEC contempla.

El análisis también sugiere que sería vital potenciar el almacenamiento de gran capacidad, como el bombeo hidráulico, para alcanzar las metas deseadas, ya que sin ello se limitaría el crecimiento a niveles razonables de aproximadamente 50 GW. Asimismo, se simuló un escenario alineado con los objetivos del PNIEC, que sugiere que alcanzar hasta 94 GW de energía fotovoltaica no sería sostenible, pues requeriría un incremento del 150% en el consumo respecto a 2019, principalmente para exportar electricidad.

Un hallazgo clave del análisis es que el único escenario que podría superar el 90% de cobertura solar y eólica es aquel que contemplaría un 20% de autoconsumo. En este sentido, se propone que una porción significativa de la capacidad fotovoltaica requerida podría ser instalada en entornos urbanos, lo que sugiere que la cantidad de potencia a instalar en terrenos naturales es menor a la presentada en los proyectos actuales.

Finalmente, el informe sugiere contemplar múltiples estrategias de manera coherente –como el aumento de la generación, la proximidad al consumo, la implementación del almacenamiento y el equilibrio entre diferentes fuentes de energía–, todo ello mientras se evaluan los impactos ambientales y económicos, con el objetivo de que España logre la neutralidad climática en 2040 y una producción eléctrica totalmente renovable para 2030.