En un enfoque diplomático que ha generado controversia, el Gobierno alemán ha desestimado la propuesta del Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien sugirió cortar el diálogo político con Israel debido a las alarmantes violaciones de Derechos Humanos que han surgido en el contexto de sus operaciones militares en Gaza y Líbano.

Borrell tiene la intención de presentar el lunes ante los ministros de Asuntos Exteriores de la UE una propuesta que invocaría la cláusula de Derechos Humanos como un medio para suspender el diálogo con el Gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu. Esta iniciativa surge después de que España e Irlanda instaran a evaluar si Israel está cumpliendo con los términos del Acuerdo de Asociación, lo que ha avivado el debate sobre cómo abordar las acciones israelíes en el territorio palestino.

Varios Estados miembros de la UE ya han manifestado su escepticismo frente a la propuesta de Borrell, la cual fue discutida en una reciente reunión a nivel de embajadores. Entre los primeros en alzar la voz en oposición se encuentra el Gobierno alemán, que ha declarado que la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, se manifestará en contra de dicha medida.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán subrayó su compromiso con el diálogo, afirmando que “siempre estamos a favor de mantener abiertos los canales de comunicación. Por supuesto, esto es aplicable también a Israel”. Desde Berlín, se considera que romper el diálogo “no beneficiaría a nadie”, ni a la población de Gaza, ni a los rehenes que continúan en manos de secuestradores, ni a los israelíes que anhelan construir puentes de entendimiento.

En este marco, el Gobierno del canciller Olaf Scholz sostiene que el Consejo de Asociación representa el espacio adecuado para abordar cualquier posible incumplimiento por parte de las autoridades israelíes. Baerbock, en una entrevista televisada, aclaró que, aunque el Ejecutivo no apoya la medida de Borrell, sí contempla la posibilidad de aplicar sanciones a ministros israelíes de manera individual por posibles violaciones del Derecho Internacional.