En un panorama jurídico tenso, la asociación Hazte Oír, junto con el partido Iustitia Europa y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), han alzado la voz en contra de lo que consideran un intento deliberado de marginar sus participaciones en el 'caso Koldo'. Este miércoles, durante una rueda de prensa, denunciaron que la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de restringir su acceso a las investigaciones podría resultar en la nulidad del proceso. A esta preocupación se suma la intención de solicitar amparo ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una medida que ya ha tomado la asociación Liberum en este mismo contexto.

La alarma se encendió particularmente la semana pasada, cuando se impidió la presencia de estas agrupaciones en el interrogatorio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una situación similar se repitió en la declaración del empresario Víctor de Aldama y del exasesor ministerial Koldo García. Este hecho ha generado un fuerte rechazo por parte de las acusaciones populares, quienes argumentan que su exclusión no solo es injusta, sino que también compromete la integridad del proceso judicial.

El juez Puente ha delegado la dirección letrada de las siete acusaciones populares en manos del Partido Popular, una decisión que ha suscitado más críticas. Esta designación responde a que el abogado del PP fue el primero en presentar una querella formal ante los tribunales, lo que ha generado tensiones sobre la imparcialidad y el acceso equitativo al juicio. Francisco Montiel, representante de ADADE, advirtió que esta maniobra podría llevar a consecuencias legales, incluyendo la nulidad del procedimiento, aunque indicó que actualmente están evaluando sus próximas acciones antes de presentar una solicitud formal.

Montiel ha subrayado la importancia de considerar sus decisiones con cuidado, para asegurarse de que no contribuyan a favorecer a las defensas involucradas en el caso. Señaló: "Es crucial sopesar tanto el beneficio como el posible perjuicio que nuestras actuaciones pueden acarrear". A pesar de la adversidad, enfatizó que el Tribunal Supremo aún tiene la oportunidad de enmendar su enfoque en este asunto.

De acuerdo a Montiel, la supresión del acceso de las acusaciones populares a los procesos no se justifica más que por la necesidad de un control más riguroso sobre el procedimiento, así como para prevenir filtraciones de información. Sin embargo, reivindicó que gran parte de estas filtraciones provienen de los propios entornos de la Fiscalía, los jueces y la Policía, sugeriendo una falta de transparencia en esos sectores.

En la misma línea, Luis Pardo de Iustitia Europa ha expresado su desdén por las acciones del juez Puente, acusándolo de intentar excluir a las acusaciones populares del proceso judicial. Pardo subrayó la importancia de la participación de estas agrupaciones en el sistema legal, señalando que han sido fundamentales para desenterrar casos significativos de corrupción en el país, especialmente en situaciones donde la Fiscalía no ha tomado la iniciativa necesaria.

Pardo también argumentó que la figura de la acusación popular permite a la sociedad civil proteger sus intereses, independientemente de las diferencias ideológicas. Al respecto, hizo hincapié en que este modelo de acusación no encuentra paralelo en Europa, donde los fiscales a menudo operan sin la influencia de los partidos políticos, creando un entorno más limpio y menos contaminado.

El letrado hizo eco de un incidente reciente en el que otro magistrado del Tribunal Supremo decidió no unificar las acusaciones populares, alegando diferencias de interés entre ellas. Pardo considera que esta decisión fomenta un "agravio comparativo" que podría resultar perjudicial para el correcto funcionamiento del sistema judicial.

En medio de este tumulto, el abogado de Iustitia Europa ha dejado claro que no dudarán en llevar el caso hasta Estrasburgo si fuera necesario, y han decidido pedir protección al Colegio de Abogados de Madrid. La asociación Liberum también ha manifestado su intención de recurrir a esta institución para resguardar sus derechos y participación en el proceso.

Por otro lado, Javier María Pérez-Roldán, de Hazte Oír, ha recordado que existe una interpretación sólida por parte del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que respalda la unificación de acusaciones, aunque en contextos específicos relacionados con varias víctimas. Ha expresado su desacuerdo con que, en un era donde la tecnología debería facilitar la comunicación, se esté aplicando una norma que parece obsoleta y que, según su perspectiva, impide la fluidez en la administración de justicia.

Pérez-Roldán considera que las notificaciones electrónicas a través de plataformas como Lexnet han minimizado el riesgo de dilaciones en el procedimiento, desafiando la noción de que la unificación impida retrasos en el proceso judicial. A su parecer, las acusaciones populares no deben verse como instrumentos de partidos, sino como un derecho ciudadano fundamental, un medio de servicio público que va más allá de intereses personales.

La frustración también permea las declaraciones de los abogados, quienes han expresado su deseo de que la conferencia de prensa se hubiese llevado a cabo en el Colegio de Abogados de Madrid para recibir un respaldo formal. Las diferentes asociaciones de acusaciones populares coincidieron en que el entorno actual es desalentador y que desean hacer todo lo que esté a su alcance para proteger su papel en el proceso judicial.