En Madrid, el eurodiputado y líder del partido Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, se presentó ante el Tribunal Supremo, donde admitió haber enviado mensajes sobre dos eurodiputados que estaban en su lista electoral, quienes posteriormente interpusieron una querella en su contra. Sin embargo, 'Alvise' afirmó que su intención nunca fue acosar a estos colegas, según fuentes cercanas al caso.

Esta declaración se produjo tras la citación del juez Manuel Marchena, quien actuó luego de que 'Alvise' se ofreciera a comparecer voluntariamente antes de que el Parlamento Europeo decida sobre el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, lo cual es un paso previo a afrontar la querella presentada por Diego Solier y Nora Junco.

Al finalizar su testimonio, 'Alvise' dejó claro su firme creencia en su inocencia, manifestando a los periodistas: "Tengo la certeza de que se archivará, pues soy el único que sabe lo que realmente ocurrió".

El Tribunal Supremo admitió la querella presentada en junio por los eurodiputados en cuestión, quienes confirmaron ante el magistrado que los hechos denunciados eran verídicos. Mientras tanto, 'Alvise' enfrenta otras tres acusaciones por distintos motivos, incluyendo la difusión de un test PCR falso relacionado con el exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por acoso en redes sociales hacia la fiscal Susana Gisbert.

La situación se agravó cuando Solier y Junco decidieron abandonar el partido de 'Alvise' para unirse al grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Los denunciantes argumentaron que eran víctimas de una "campaña de hostigamiento" en plataformas digitales, producida por los mensajes que 'Alvise' había emitido en un 'podcast' y en un canal de Telegram.

Ambos eurodiputados informaron que sus datos personales, incluidos correos electrónicos y números de teléfono, fueron filtrados, llevándolos a recibir una considerable cantidad de mensajes amenazantes. Esto resultó en una creciente sensación de inseguridad, lo que los obligó a modificar sus rutinas diarias.

De acuerdo al informe del Tribunal Supremo, los eurodiputados tuvieron que restringir el acceso a sus redes sociales, dejar de atender llamadas de números desconocidos, y enfrentarse a un torrente de correos electrónicos llenos de insultos y amenazas, lo cual afectó gravemente su trabajo y su vida familiar.

La Sala de lo Penal del Supremo consideró que las acciones de 'Alvise' podrían ser calificadas como acoso y revelación de secretos. Esto se debe a sus reiteradas invitaciones en el 'podcast' y en Telegram, instando a su numeroso grupo de seguidores a que adoptaran una actitud hostil hacia Solier y Junco.

Los magistrados llegaron a la conclusión de que 'Alvise' podría haber hecho públicos datos personales de los eurodiputados, sin detenerse a considerar el intento de alteración en su vida cotidiana por parte de sus seguidores, quienes actuaron de acuerdo a sus llamados a la acción pública.

Finalmente, se destacó que la intención de 'Alvise' era claramente perjudicial, buscando afectar la vida diaria de sus víctimas de manera significativa. Alentó a sus seguidores a perseguir a los eurodiputados y hacerles preguntas agresivas, enfatizando que debía ser el pueblo, no él, quien lo hiciera.