El Gobierno de Aragón se mantiene firme en su compromiso de cumplir con la ley mientras también trabaja para garantizar la llegada de menores migrantes no acompañados a la región. La portavoz del Ejecutivo aragonés, Carmen Susín, ha manifestado que, desde el pasado marzo, continuarán desafiando las normativas que imponen un reparto forzado de estos menores, un proceso que a su juicio prioriza los intereses políticos del presidente Pedro Sánchez y sus alianzas con partidos independentistas, excluyendo a comunidades como Cataluña y el País Vasco.

Susín ha indicado que el equipo legal del Gobierno aragonés revisará con detalle el real decreto y el reglamento que el Consejo de Ministros aprobó recientemente, los cuales facilitarán el traslado de menores de Ceuta y Canarias hacia otras comunidades autónomas. "El contenido de estas normas, por su naturaleza arbitraria, socava la dignidad y el bienestar de los menores", ha declarado.

Además, ha criticado la falta de criterios técnicos y humanitarios en la asignación de los menores a diferentes comunidades, señalando que este poder se ha delegado de manera inapropiada a delegados y subdelegados del Gobierno que carecen de la capacitación necesaria en protección infantil. "Esto representa un verdadero desbarajuste tanto jurídico como político", ha enfatizado.

El tono amenazante utilizado en el discurso del presidente Sánchez y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha suscitado una fuerte oposición por parte del Gobierno aragonés, quienes consideran estas advertencias inaceptables en un régimen democrático y enmarcadas dentro del respeto al Estado de derecho.

A pesar de los desafíos, el Ejecutivo aragonés ha reiterado su compromiso de llevar adelante la acogida de estos menores, enfatizando que la protección y el bienestar de los niños deberían ser la prioridad absoluta. "Nos encontramos en una situación donde debemos actuar sin los recursos financieros necesarios y, aún más preocupante, sin la información o la coordinación que requiere un asunto tan delicado", han señalado.

La consejera Susín ha expresado su preocupación de que los intereses personales de Pedro Sánchez están eclipsando el bienestar de los menores, cuyos derechos y necesidades están siendo instrumentalizados para satisfacer agendas políticas. "Este sistema de reparto se basa en criterios opacos que no responden a las necesidades reales de los menores", ha dicho.

La situación se ha vuelto aún más compleja con los traslados de menores en situación de protección internacional desde Canarias hacia la península, un proceso que se ha descrito como caótico y desorganizado. "Hay una falta total de supervisión sobre quién se encargará de cuidar a estos niños; ni siquiera las autoridades de Canarias estaban al tanto de los menores que se trasladaban", ha destacado Susín, citando una preocupación expresada por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

En resumen, la consejera concluyó que actualmente no hay una dirección clara en el Gobierno de España respecto a cómo gestionar este sensible proceso de traslado y protección de menores migrantes no acompañados, indicando que se requiere un liderazgo firme en un área tan crucial para el futuro de estos jóvenes. "Es evidente que aquí nadie está al mando", afirmó enérgicamente.