La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha dado a conocer este jueves que ha decidido presentar un recurso contencioso administrativo en contra de una controvertida resolución del Gobierno de Cantabria, que fue emitida el 15 de abril, desestimando una solicitud anterior de la asociación para proteger a 41 lobos en la región. Esta decisión gubernamental se produjo tras la eliminación de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Además, ASCEL ha solicitado que se dicten medidas cautelarísimas para detener inmediatamente la ejecución de las extracciones planeadas. La organización también ha indicado su intención de llevar el caso ante el Tribunal Constitucional como parte de su lucha por la protección de esta especie emblemática.

En un comunicado oficial, la asociación destacó que la resolución del Gobierno coincide de manera significativa con la publicación de la Ley 1/2025, la cual se centra en la reducción de pérdidas y el desperdicio alimentario. Según ASCEL, esta ley podría resultar devastadora para la población de lobos locales, ya que las medidas propuestas amenazan, en su opinión, con sacrificar a aproximadamente la mitad de los lobos que habitan en Cantabria.

La agrupación ha manifestado que la Ley 1/2025, en su enfoque hacia los lobos, encarna un "odio patológico" que busca socavar años de esfuerzo en la conservación de la biodiversidad, equiparando a estos animales con un simple subproducto de la ganadería en lugar de reconocer su importancia ecológica.

Criticando las iniciativas legislativas del Partido Popular, ASCEL argumentó que intentan desmantelar la normativa que protege la biodiversidad en España, retrocediendo a épocas más oscuras en términos de conservación. Han calificado este intento como una amenaza directa a la integridad de la fauna nacional.

Ante esta situación, la organización presentó el 3 de abril un recurso de alzada, un requisito previo para poder llevar a cabo acciones legales. Sin embargo, tras recibir una respuesta negativa el 14 de abril, han decidido intensificar su respuesta y demandar la protección del interés general a través de múltiples canales legales.

ASCEL no solo cuestiona la decisión del Gobierno de autorizar la muerte de lobos, sino que también busca impedir cualquier acción que ponga en peligro irreparable a esta especie mientras se resuelve el conflicto en los tribunales. Además, tiene la intención de elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre la referida ley, resaltando la urgencia de este asunto.

Mientras tanto, la asociación hace un llamado al Gobierno de España para que actúe con pronta eficacia al presentar su propio recurso de inconstitucionalidad, esperando la intervención del Defensor del Pueblo o la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Según ASCEL, es crucial actuar de inmediato, ya que consideran que la ley que permite la recolección de lobos es insostenible y pone en riesgo esta especie tan apreciada.