El 26 de noviembre en Madrid ha marcado un hito para el sector público en España. El Ministerio de Función Pública ha llegado a un acuerdo significativo con los sindicatos UGT y CSIF, mientras que CCOO aún está evaluando su posición. Este pacto, que abarca el periodo de 2025 a 2028, establece un aumento salarial del 11% para más de tres millones de funcionarios. La distribución de esta subida se llevará a cabo de la siguiente manera: un 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026 (con posibilidad de un 0,5% extra dependiendo del índice de precios al consumo), un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.

La primera parte de este incremento, correspondiente al 2,5%, se pagará en diciembre y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. En el caso del incremento de 2026, además de la subida fija del 1,5%, existe la posibilidad de un aumento adicional del 0,5% que se activará si la inflación al final del año supera esa cifra. Si esto sucede, se abonará en el primer trimestre de 2027 de forma retroactiva. Cabe señalar que, a diferencia del año 2026, donde habrá una parte fija y otra variable, los aumentos de los años siguientes serán exclusivamente fijos.

Aunque el incremento global para el cuatrienio es del 11%, se espera que, debido al efecto acumulativo de las subidas anuales, el aumento real en los ingresos de los empleados públicos supere esta cifra, llegando aproximadamente al 11,5% a lo largo del periodo mencionado.

Este acuerdo no solo se centra en los salarios, sino que también incluye mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios. Entre las medidas acordadas se encuentra la eliminación de la tasa de reposición y la agilización de los procesos de selección, además de un fortalecimiento de los equipos de atención al público.

Las negociaciones para este acuerdo fueron intensas, destacando una reunión reciente entre la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y los representantes de CCOO, UGT y CSIF. Este encuentro fue crucial para definir un nuevo pacto que busca mejorar tanto los salarios como las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector público.

Desde CSIF, se ha afirmado que este acuerdo es "el mejor posible en las circunstancias actuales". Este pacto pone fin a la congelación salarial que han sufrido los funcionarios durante este año y ayuda a recuperar en parte el 2,9% del poder adquisitivo perdido anteriormente.

"Este acuerdo es un paso crucial en un contexto complicado", declaró Miguel Borra, presidente del sindicato. Subrayó la responsabilidad y el compromiso hacia los empleados públicos al considerar las dificultades políticas y económicas que enfrenta el país, incluyendo la inestabilidad política y los límites impuestos por la Unión Europea y la OTAN en materia de gasto.

Para garantizar el seguimiento del acuerdo y su efectiva implementación, se ha decidido formar una comisión que supervisará que las medidas pactadas se cumplan en un plazo no mayor a 15 días desde la firma. CSIF enfatizó que el pacto "no es un cheque en blanco" y que estarán atentos a su realización "en tiempo y forma", preparándose para tomar medidas adicionales si es necesario.