En una reciente declaración, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha hecho un llamado urgente a la Audiencia Nacional para que impida una manifestación programada para el próximo 22 de agosto, organizada por Sare y varios grupos de Bilbao, la cual busca reivindicar el regreso de los presos, exiliados y deportados de ETA, con el fin de "superar las secuelas del conflicto".

En su comunicado, la AVT insta a las autoridades a remitir oficios a la Guardia Civil y la Policía Nacional, solicitando que realicen investigaciones sobre los convocantes, en caso de que haya organizaciones ilegalizadas detrás de esta movilización.

La asociación considera que esta convocatoria representa una forma de "normalización del terrorismo a través del lenguaje", alertando sobre las implicaciones de la frase "vuelta a casa de los presos", la cual, según su opinión, sugiere un sentido de impunidad.

De acuerdo con la AVT, la idea de liberar de manera inminente a los internos condenados por actos terroristas ignora la seriedad de sus crímenes y la justicia que merecen las víctimas. "No hay refugiados ni deportados; son terroristas que, al tener deudas con la justicia, eligen no regresar a España. No pueden ser considerados exiliados", enfatizan.

Asimismo, la AVT subraya que no existe un "conflicto" en el sentido más amplio, advirtiendo que el uso de esa terminología podría revictimizar a quienes han sufrido la violencia del terrorismo. Afirman que la violencia de ETA recae totalmente sobre los terroristas y aquellos que los respaldan desde posiciones institucionales.

La asociación también sostiene que la movilización programada para el día 22 iría en contra de la dignidad de las víctimas, quienes desean poder transitar por las calles de Bilbao sin sentir ninguna forma de humillación.

Además, señalan que el mensaje implícito en estas movilizaciones podría contribuir a una sociedad en la que se minimicen las consecuencias de actos de violencia como el asesinato y la extorsión, haciendo que las condenas judiciales parezcan irrelevantes.

Finalmente, la AVT exige "medidas concretas" y recuerda que desde mayo el Parlamento Vasco tiene ante sí una propuesta legislativa para sancionar este tipo de actos. "Su aprobación depende únicamente de la voluntad política de los representantes", concluyen.