El pasado martes, el Gobierno de España llevó a cabo una declaración de emergencia que abarca diversas zonas que han sufrido el impacto de 76 episodios catastróficos. Esta decisión, impulsada por el Ministerio del Interior, surge tras un periodo de inclemencias meteorológicas que ha azotado la Península desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026. Las severas condiciones climáticas han causado daños significativos en varias comarcas de 14 comunidades autónomas y en Ceuta.

Las 76 emergencias registradas en el Centro Nacional de Emergencias (CENEM) han llevado a las autoridades autonómicas a activar diferentes planes de protección civil. Cabe destacar que, para esta declaración excepcional, también se han considerado sucesos en Galicia y Ceuta, aunque no superaban la fase de preemergencia según las comunicaciones al CENEM, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

El Gobierno ha justificado la inclusión de estos eventos en la declaración de emergencia por la singularidad de la situación, al tratarse de una serie continuada de borrascas y la reiteración de episodios adversos en un corto periodo de tiempo. Estos factores han resultando en graves daños a la población, infraestructuras y servicios públicos, lo que requiere una respuesta extraordinaria del Estado para restaurar la normalidad en las áreas afectadas.

Durante el lapso de tiempo mencionado, se han producido fenómenos meteorológicos adversos en diversas partes del país, que han afectado la vida de las personas y la operatividad de bienes y servicios esenciales. La inestabilidad atmosférica ha sido la tónica, con una secuencia de lluvias intensas, ráfagas de viento, nevadas y otros fenómenos climáticos preocupantes.

Entre noviembre y diciembre de 2025, las lluvias continuas y las inundaciones ocasionaron graves problemas en regiones como Galicia, las Islas Baleares, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La borrasca denominada 'Emilia' fue particularmente destructiva, intensificando las lluvias y el estado del mar, lo que impactó en infraestructuras y servicios básicos esenciales.

El patrón inestable persistió en enero de 2026 con la llegada de la borrasca 'Francis', la cual trajo consigo precipitaciones abundantes, nevadas y otros intempestivos invernales. Posteriormente, los fenómenos asociados a otras borrascas, como 'Harry', 'Ingrid', 'Joseph' y 'Kristin', continuaron generando problemas en la movilidad y servicios, afectando a comunidades como Cataluña, Castilla y León, y Madrid.

En los primeros días de febrero de 2026, un nuevo desafío llegó con la borrasca 'Leonardo', que empeoró aún más la situación meteorológica, seguida rápidamente por la borrasca 'Marta', que aumentó los riesgos hidrometeorológicos en áreas previamente afectadas.

El Consejo de Ministros también consideró otras emergencias dentro del mismo periodo, incluyendo incendios forestales e incidentes industriales que exigieron la activación de planes de protección civil para proteger a la población y sus bienes.

El acuerdo del Gobierno establece varias ayudas que los afectados pueden solicitar desde el inicio de la emergencia. Este apoyo, a cargo del Ministerio del Interior según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, está destinado a compensar daños personales y materiales, así como a respaldar a los organismos locales y a los sectores industriales y comerciales afectados.

El Ministerio también evaluará la posibilidad de eximir tasas relacionadas con trámites de vehículos y la expedición del DNI para aliviar la carga a los damnificados.

La declaración de emergencia permite a otros departamentos gubernamentales implementar ayudas adicionales dentro de sus competencias. Esto incluye posibles beneficios fiscales, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y ajustes en el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como medidas laborales y de Seguridad Social de acuerdo con el Ministerio correspondiente.

Asimismo, se contemplan apoyos económicos para entidades locales destinadas a la reparación de infraestructuras municipales dañadas, y se establece la capacidad de cada ministerio para declarar zonas de actuación especial ante la emergencia.

Las autoridades también consideran la agilidad en la contratación de trabajos necesarios para reparar y mantener las infraestructuras afectadas, bajo un marco legal que facilita estos procesos. El Gobierno asegura que se adoptarán medidas complementarias basadas en la evaluación de daños, en cooperación con las administraciones locales y autonómicas, para responder adecuadamente a esta crisis.