El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado una alerta sobre la situación de las becas y ayudas proporcionadas por la Administración General del Estado y el Gobierno del País Vasco, argumentando que estas son claramente insuficientes para satisfacer las verdaderas necesidades del estudiantado universitario.

Según un informe titulado 'La financiación de la educación universitaria en España', CCOO enfatiza la importancia de una sólida financiación para la educación pública, subrayando que esto es vital no solo para garantizar el acceso equitativo a la educación, sino también para asegurar su calidad.

Durante el curso 2022-2023, se registró que el 24,1% de los alumnos de Grado recibieron becas de los organismos estatales, siendo mayor este porcentaje en las universidades públicas (27,3%) en comparación con las privadas (8%). Además, las mujeres beneficiarias de estas ayudas superaron a los hombres, con un 27,5% frente al 19,6%. En el ámbito de los másteres, la cifra bajó al 17,6% en universidades públicas y al 6% en privadas.

CCOO resalta que, para favorecer a los estudiantes de familias con ingresos medios y bajos, es esencial aumentar el número de becas y ayudas económicas, incluyendo no solo las matrículas, sino también gastos de material, manutención y transporte, asegurando así que todos los alumnos que lo necesiten puedan beneficiarse de estos recursos.

El estudio revela que desde 1999 la matrícula en universidades públicas ha disminuido un 18%, mientras que las inscripciones en universidades privadas han crecido un asombroso 368%, especialmente en programas de máster online.

En cuanto a la distribución geográfica de las universidades, se observa que Madrid, Cataluña y Andalucía albergan la mayoría de las instituciones de educación superior, liderando Madrid las universidades privadas presenciales y Cataluña las online.

En el curso 2023-2024, España cuenta con 91 universidades operativas, de las cuales 50 son públicas y 41 privadas, lo que representa un 45% del total. La gran mayoría de estas universidades operan de forma presencial, con solo siete que ofrecen enseñanza no presencial, de las que seis son privadas y una pública.

Es significativo mencionar que la última universidad pública establecida en España es la Universidad Politécnica de Cartagena, creada en 1998, año en el que también solo había catorce universidades privadas en funcionamiento. Desde entonces, se han constituido 27 universidades privadas más, lo que simboliza un incremento del 65,88% en este sector.

La investigación también destaca que la financiación pública destinada a la educación superior en España debe aumentar para alinearse con la media europea. En 2021, el gasto público en este ámbito fue de un 2,19%, cifra inferior a la media de la OCDE (2,72%) y de la Unión Europea (2,44%).

Adicionalmente, España destinó un 0,96% de su PIB a la educación superior, cifra que se desagrega en un 0,85% para universidades, que cayó al 0,83% en 2022, por debajo de la media de la OCDE (0,99%).

El gasto total por estudiante en instituciones de educación superior ascendió a 14.432 euros en 2021, un 23,6% menos que la media de la OCDE (18.900 euros) y un 21,8% por debajo de la de la UE (18.465 euros).

Las universidades públicas dependen principalmente de las transferencias de las comunidades autónomas, que constituyen el 65% de su financiación. Otro recurso proviene de las tasas académicas, que representan el 13,5% de sus ingresos. Con estos fondos, las universidades cubren sus principales gastos, donde el coste del personal alcanzó el 64,51% del total en 2022.

En contraste, las universidades privadas se financian mayoritariamente a través de las tarifas y cuotas de los estudiantes, que corresponden al 91% de sus ingresos, además de las donaciones privadas.

Sin embargo, CCOO resalta que existen "vías indirectas" de financiación pública hacia estas instituciones privadas, incluyendo becas, subvenciones para investigaciones, y colaboraciones en programas públicos, lo cual puede implicar una transferencia de fondos públicos que beneficia el crecimiento de las universidades privadas en términos de número y estudiantes matriculados.

La investigación también indica que los ingresos de las universidades públicas han caído un 14% en términos reales desde 2009, lo que repercute en la calidad de la educación. Además, se observan importantes disparidades en la financiación entre diferentes comunidades autónomas, generando desigualdades significativas en el acceso a una educación de calidad.

CCOO manifiesta que las universidades públicas están cada vez más obligadas a depender de tasas de matrícula elevadas para compensar la falta de financiación estatal, impuesto que recae en las familias de los estudiantes. Las variaciones en el coste de los créditos universitarios son evidentes, siendo especialmente altos en comunidades como Madrid, Navarra y Cataluña.

En la encuesta sobre gastos en educación de 2020, se evidencia que los hogares españoles asumieron un 30,38% del coste total en educación terciaria, un porcentaje superior al 22,02% de media de los países de la OCDE. Es relevante que el gasto por hogar por estudiante varía considerablemente, alcanzando los 1.344 euros en universidades públicas y 5.271 euros en privadas, totalizando gastos que incluyen matrícula, residencia, comedor, materiales y transporte.

Finalmente, el sindicato subraya que para asegurar un acceso equitativo a la educación universitaria, es imperativo continuar reduciendo las tasas, aspirando a una eventual gratuidad en las universidades públicas, de modo que la educación superior sea un derecho accesible para todos.