En un desarrollo reciente en el ámbito judicial español, la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no compareció ante el juez Juan Carlos Peinado, según informan fuentes cercanas a la investigación. El proceso concierne a un caso de presunta malversación relacionado con la contratación de su asesora, quien podría ser juzgada en el marco de un jurado popular, un mecanismo que permite a ciudadanos comunes tomar decisiones sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Este evento estaba programado para el sábado a las 18:00 horas y reunió a las partes involucradas en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. La cita es parte de una investigación más amplia que busca determinar si hubo un desvío de fondos públicos en la designación de dicha funcionaria en Moncloa, así como si ella realizó tareas destinadas a la esposa del líder del Gobierno.

La incertidumbre sobre la presencia de Gómez ante el juez se mantuvo hasta el último momento, dado que no estaba claro si era obligatorio su comparecencia. Finalmente, optó por ser representada por su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho, en lugar de presentarse personalmente.

Junto a Gómez, también están bajo investigación la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Ambos estaban llamados a comparecer este sábado, pero decidieron igualmente no asistir y enviar a sus respectivos letrados.

DEFENSA Y ARGUMENTOS JURÍDICOS

Según fuentes del Gobierno citadas por Europa Press, las defensas han recurrido a una circular emitida por la Fiscalía en diciembre de 1995, que establece que la presencia de los investigados en este tipo de comparecencias no es obligatoria. La circular resalta que las comparecencias solo se basan en el establecimiento de los términos de la imputación, lo cual puede ser atendido adecuadamente por los abogados defensores sin necesidad de la presencia de sus clientes.

Durante la vista, el juez escuchará a la Fiscalía así como a las acusaciones, entre las que se encuentra la acusación popular liderada por Hazte Oír, quienes clarificarán los cargos formulados. Posteriormente, será el turno de las defensas, que podrán solicitar el sobreseimiento del caso. Además, todas las partes tendrán la facultad de pedir diligencias de investigación adicionales si así lo consideran necesario.

Esta audiencia ocurre seis meses después de que el juez Peinado comenzara la indagatoria sobre la contratación de Álvarez. En mayo, se decidió investigar a Martín Aguirre por malversación, aunque en un principio se descartó cualquier delito por parte de Gómez y Álvarez. Sin embargo, el 18 de agosto, se tomó la decisión de imputar a ambas en esta causa.