El nuevo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, nombrado por Donald Trump, ha expuesto su intención de abordar lo que considera un "sesgo antisemita" por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) y de la ONU, buscando una "respuesta contundente". Esta declaración llega en un momento de gran tensión internacional relacionado con el conflicto en Gaza.

En un contexto en el que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha calificado de "escandalosas" las órdenes de arresto emitidas por el TPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra, la situación se vuelve cada vez más compleja. Biden se pronunció para dejar en claro su apoyo incondicional hacia Israel, argumentando que no hay "equivalencia" entre el gobierno israelí y el grupo militantemente islamista Hamás.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también expresó su firme oposición a las decisiones del TPI, manifestando su preocupación por la rapidez del fiscal y lo que ha calificado como "error inquietante" en el proceso judicial. Jean-Pierre recordó que el tribunal no tiene autoridad sobre la ofensiva militar de Israel en Gaza, dado que Israel no es signatario del Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción del TPI, aunque Palestina sí se convirtió en miembro en 2015.

Aunque el presidente electo, Trump, no ha hecho comentarios directos sobre las órdenes de arresto del TPI, su asesor, Michael Waltz, ha dejado claro que una de sus prioridades será contrarrestar lo que ven como un sesgo antisemita en las acciones de la corte y la ONU a partir de enero, cuando Trump asuma la presidencia nuevamente.

Waltz defendió la postura del gobierno norteamericano en redes sociales, asegurando que "el TPI no tiene credibilidad" y que Estados Unidos ha desmentido las acusaciones en torno a los líderes israelíes. Insistió en que Israel se encuentra en su derecho de proteger a su población y fronteras frente a lo que él llama "terroristas genocidas".

Por su parte, el TPI, con sede en La Haya, ha rechazado las apelaciones de Israel y sostiene que tiene la autoridad para investigar los posibles crímenes cometidos. Según la corte, existe evidencia que sugiere que Netanyahu y Gallant habrían actuado deliberadamente para privar a la población de Gaza de recursos esenciales para su supervivencia y prevenir la llegada de ayuda humanitaria.

Los jueces del tribunal han indicado que Netanyahu y Gallant pueden ser considerados "penalmente responsables" por el uso del hambre como estrategia de guerra, así como por otros delitos que encajarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad. Además, se les atribuyen ataques indiscriminados contra civiles, lo que genera un marco legal complicado y volátil en torno a sus acciones durante el conflicto.

La corte ha ido más allá al ordenar la detención de Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif', jefe del ala militar de Hamás, a pesar de que otros líderes del grupo islamista han sido asesinados en operaciones militares israelíes en los últimos meses. Aunque informes sugieren que Israel lo ha dado por muerto, Hamás no ha corroborado oficialmente esta afirmación.