Bildu presenta una iniciativa para vetar anuncios de alojamientos turísticos no regulados en plataformas digitales.

El grupo parlamentarío de EH Bildu ha dado un paso decisivo en la lucha contra la proliferación de alojamientos turísticos ilegales al presentar una propuesta de ley en el Congreso. Este proyecto busca prohibir que plataformas de anuncios permitan la publicidad y alquiler de propiedades que no cuenten con la debida licencia o número de registro, estableciendo un marco más sólido para regular esta práctica.
Con esta iniciativa, los representantes de EH Bildu intentan frenar lo que ellos describen como un “fenómeno descontrolado” que ha llevado a consecuencias devastadoras, tales como la gentrificación de barrios enteros, la expulsión de los residentes locales y un incremento desenfrenado del turismo masivo.
La formación política argumenta que es fundamental que los ayuntamientos y comunidades autónomas dispongan de herramientas efectivas para regular el mercado de los alojamientos ilegales, advirtiendo que en muchos casos enfrentan serias limitaciones económicas o una laxitud en la normativa. Esta falta de control ha permitido que muchos arrendadores sigan operando sin licencia.
La nueva ley no solo establece que las administraciones locales mantendrán sus propias regulaciones, sino que también responsabiliza a las plataformas digitales de asegurar que solo se ofrezcan alojamientos con la debida autorización. Esto implica que, bajo la normativa, los anuncios de propiedades que no cumplan con las exigencias legales quedarán prohibidos, marcando un cambio significativo en la forma en que se gestionan estos espacios.
Bildu destaca que actualmente la eliminación de anuncios irregulares depende de largos y complicados procesos judiciales o de la buena voluntad de las empresas, lo que ha demostrado ser ineficaz. Con esta nueva propuesta, se pretende establecer un mecanismo ágil y eficiente para erradicar de inmediato los alojamientos ilegales del mercado.
Aparte de la prohibición de anuncios, esta proposición incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta un millón de euros para las empresas que incumplan la normativa, lo que incluye la publicidad de alojamientos que no cuenten con licencia, así como el uso de información falsa o la falta de transparencia sobre la identidad de los arrendadores.
La legislación busca apoyarse en diversos mecanismos y estructuras jurídicas, tanto a nivel estatal como europeo, como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos y el Reglamento de la UE relacionado con el alquiler de alojamientos de corta duración, con el objetivo de fortalecer la regulación y garantizar la legalidad en este sector.
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