LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 de marzo.

En un reciente encuentro en Las Palmas de Gran Canaria, el ministro Félix Bolaños ha comentado sobre la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Dicho tribunal anuló de manera unánime la condena de 4 años y 6 meses de prisión impuesta al exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, por un caso de agresión sexual ocurrido en diciembre de 2022 en la discoteca Sutton. Bolaños ha enfatizado la importancia de respetar la resolución judicial, destacando su carácter vinculante.

Durante su intervención, el ministro manifestó su compromiso con el Estado de derecho, afirmando que es esencial aceptar las decisiones de los tribunales sin emitir juicios sobre hechos que ya han sido evaluados legalmente. Estas declaraciones fueron realizadas en el marco del cierre de unas jornadas sobre presidencias de audiencias provinciales.

Bolaños también subrayó la creciente conciencia de la sociedad española respecto a las agresiones sexuales, afirmando que cada vez más mujeres se están sintiendo capacitadas para denunciar estas situaciones, lo que indica un cambio social significativo en la percepción de tales delitos. “La sociedad no ignora ni tolera la violencia hacia las mujeres ni comportamientos que perpetúan el machismo”, subrayó.

No obstante, el ministro reconoció que los procesos judiciales, especialmente aquellos que reciben atención mediática, pueden ser muy complicados y dolorosos para las víctimas, enfatizando la importancia de evitar la revictimización en estos casos.

En este contexto, Bolaños reveló las intenciones del gobierno respecto a la reforma de la ley 1/25, que se orientará hacia la especialización de los jueces en el tratamiento de los delitos de violencia sexual. Aseguró que se establecerán secciones especializadas en los tribunales para tratar estos asuntos con una atención más cercana y adecuada.

Finalmente, anunció que se prevé incrementar en un 50% el número de jueces y juezas que trabajarán en estos casos, con el objetivo de garantizar que sean juzgados por profesionales mejor preparados y con recursos suficientes para abordar las complejidades de estos delitos, fortaleciendo así la capacidad del sistema judicial para responder a la violencia de género.