El pasado 3 de marzo, Madrid se convirtió en el escenario de una importante declaración por parte del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Durante un acto simbólico de toma de posesión de la nueva cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos, Bolaños confirmó que el Consejo de Ministros se encuentra en la fase final de aprobación de una Ley Orgánica crucial para la protección de los menores en el ámbito digital.

Esta normativa, considerada por el ministro como "absolutamente imprescindible", responde a la creciente preocupación por los "riesgos" que enfrentan los niños y adolescentes en un entorno cada vez más digitalizado. El ministro enfatizó la urgencia de esta medida, que está destinada a garantizar la seguridad y los derechos de los menores en este nuevo contexto.

Bolaños explicó que su ministerio ha colaborado estrechamente con la Agencia de Protección de Datos en la elaboración del Anteproyecto de Ley, que ya está preparado para su tramitación parlamentaria. Aunque no compartió cifras específicas, sugirió que la situación actual respecto a la seguridad digital de los menores es alarmante.

El objetivo principal de esta ley, que se espera que sea aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2024, es asegurar que los derechos de los menores en el espacio digital, tales como la intimidad, el honor y el control sobre sus datos personales, estén adecuadamente protegidos. La legislación también busca regular el acceso a contenidos que sean apropiados para su edad.

Entre las medidas propuestas, se incluye la promoción del conocimiento sobre los riesgos digitales entre los menores y sus familias. Además, se contemplan sanciones para las violaciones de derechos que puedan ocurrir en el espacio digital, así como la imposición de obligaciones a las plataformas y los influencers para proteger a los más jóvenes.

Los nuevos requerimientos no solo se limitan al aspecto informativo, sino que también exigen a los poderes públicos desarrollar una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Esto incluye campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores y el consumo de material sensible, con un enfoque particular en el impacto del contenido pornográfico y los efectos de la tecnología en su desarrollo cognitivo.

En el ámbito de la salud, la ley prevé medidas para la detección precoz y la atención especializada a menores que puedan haber desarrollado problemas debido al uso indebido de dispositivos digitales. A nivel educativo, se propone implementar programas de formación sobre ciudadanía digital y media literacy, así como temas de privacidad y derechos de autor.

Por otra parte, el Anteproyecto establece que los fabricantes de dispositivos tecnológicos deben garantizar que estos cuenten con sistemas de control parental activados por defecto y con etiquetado informativo sobre los riesgos asociados.

Entre las prohibiciones más destacadas, se encuentra la restricción al acceso de menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos, así como la obligación de plataformas de vídeo y de influencers a señalar de forma clara cualquier contenido que pueda ser perjudicial para el desarrollo de los más jóvenes.

La norma también aborda el tema de los deepfakes con fines pornográficos, introduciendo sanciones para su difusión no autorizada, y tipifica el grooming como una circunstancia agravante en delitos relacionados con la libertad sexual de los menores. Además, se elevará de 14 a 16 años la edad mínima para el consentimiento en el tratamiento de datos personales.

La creación de este Anteproyecto de Ley ha sido un esfuerzo conjunto entre varios ministerios, incluyendo el de Juventud e Infancia, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el de Transformación Digital y de la Función Pública, demostrando un compromiso multisectorial hacia la protección de la infancia en la era digital.