24h España.

24h España.

Bruselas exige a España cumplir con la normativa europea de seguros de automóviles.

Bruselas exige a España cumplir con la normativa europea de seguros de automóviles.

BRUSELAS, 14 de noviembre.

La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un contundente ultimátum dirigido a España y otros cinco países miembros, instándolos a realizar la transposición completa de la normativa comunitaria que regula el seguro de vehículos automóviles. Este paso es fundamental antes de que la Comisión considere llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las advertencias de Bruselas no se limitan a España; también abarcan a Bulgaria, Letonia, Malta, Portugal y Rumanía. Estos países están igualmente bajo el riesgo de enfrentar acciones legales si no implementan adecuadamente las medidas necesarias para adaptar esta normativa a sus legislaciones nacionales.

La directiva en cuestión tiene como objetivo principal fortalecer la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en toda Europa. Para ello, se introducen modificaciones que aclaran y amplían el alcance de esa protección. Además, la normativa facilita los controles sobre el seguro obligatorio de automóviles y establece un mecanismo que garantiza la indemnización a las víctimas en caso de que el asegurador responsable entre en insolvencia.

Otro aspecto relevante de la nueva directiva es que simplifica el proceso para que los asegurados cambien de compañía aseguradora, al mismo tiempo que garantiza un tratamiento equitativo y no discriminatorio en la consideración de los antecedentes de siniestros.

La fecha límite original para que los Estados miembros adaptaran su legislación a esta Directiva era el 23 de diciembre de 2023. Sin embargo, en enero de 2024, la Comisión ya había tomado la iniciativa de alertar a los Estados que no habían notificado una transposición completa de la normativa.

Ante la falta de una respuesta que satisfaga sus exigencias, la Comisión ha decidido presentar un ultimátum formal a estos seis Estados miembros. Tendrán un plazo de dos meses para abordar la situación y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión se reservan el derecho de remitir el caso al TJUE.