El pasado 31 de mayo en Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofreció una entrevista a la cadena estadounidense CNN, donde abordó el importante asunto del bloqueo de cerca de 66.000 anuncios ilegales en la plataforma Airbnb.

En sus declaraciones, Bustinduy enfatizó que la legislación vigente debe prevalecer sobre las prácticas de las grandes corporaciones. “No es aceptable que las leyes se ajusten a las demandas de las empresas poderosas; son ellas las que deben alinearse con el marco legal existente”, manifestó el ministro desde el Reino Unido.

El ministro, quien aprovechó su visita al país británico para participar en un evento en la Universidad de Cambridge, subrayó la necesidad de que las regulaciones salvaguarden los derechos constitucionales de los ciudadanos españoles, con especial énfasis en el derecho a la vivienda.

“El turismo es, sin duda, un pilar fundamental de nuestra economía, pero debe ser gestionado de manera sostenible y respetando las normativas”, añadió Bustinduy, dejando claro que ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley.

En su discurso, Bustinduy también reflexionó sobre cómo ha sido común aceptar que los grandes actores económicos influyan en la creación de las normas que rigen el mercado. “En una democracia, esto no debería ser la norma. Nuestro objetivo es encontrar un equilibrio que permita la actividad económica sin comprometer los derechos de los ciudadanos”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre las limitaciones impuestas a otras plataformas de alquiler de corto plazo, el representante de Sumar explicó que están en conversaciones con diferentes agentes del sector para garantizar que los derechos de los turistas se armonicen con el bienestar de la población local.

“Las más de 65.000 advertencias ilegales se refieren a propiedades que anteriormente eran hogares para familias, trabajadores y estudiantes. Es esencial que logremos un equilibrio en este tema”, concluyó Bustinduy.