Un reciente informe elaborado por la Fundación Artemisan en colaboración con Deloitte revela que España cuenta con 577.742 cazadores, quienes contribuyen con nada menos que 10.190 millones de euros al Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este dato muestra la significativo rol económico que tiene la caza en el contexto nacional.

Durante la presentación del estudio en el Senado, el presidente de la Fundación Artemisan, José Luiz López-Schümmer, expresó su satisfacción por la reciente modificación en el estatus de protección del lobo, ahora en un nivel europeo. Se mostró optimista ante la posibilidad de que las comunidades autónomas tomen decisiones sobre la caza de esta especie basadas en hechos concretos y un enfoque de convivencia, en lugar de ideologías.

López-Schümmer subrayó la importancia de la caza como un recurso valioso, especialmente en relación con el mantenimiento de actividades como la ganadería extensiva. En este sentido, puso énfasis en los hallazgos del informe ‘Impacto social, económico y ambiental de la actividad cinegética en España en el año 2023’, el cual revela que los cazadores no sólo generan ingresos significativos, sino que también contribuyen al erario público con 1.200 millones de euros en impuestos y dedican 290 millones a iniciativas de conservación ambiental.

“¿Qué país sensato limitaría una actividad que beneficia tanto a su economía?”, se quejó López-Schümmer, quien también urgió a investigar el verdadero impacto que tendría la prohibición del uso de plomo en la caza, antes de adoptar cualquier medida al respecto. Además, exigió un endurecimiento de las penas para combatir el furtivismo y propuso la reintegración de la caza en los parques nacionales, así como la promoción del turismo asociado y la carne de caza en el país.

Pedro Rollán, presidente del Senado, hizo eco de la importancia de establecer un marco normativo que respete y apoye al sector cinegético, abogando por leyes que sean justas, viables y acordadas con los cazadores. También enfatizó la necesidad de implementar Directivas europeas de manera flexible y racional.

El estudio, que incluye más de 6.500 encuestas realizadas a diversos actores del sector, revela que el perfil típico del cazador moderno es el de un hombre de 53 años, aunque el número de mujeres en la actividad está en aumento. Este perfil se caracteriza por tener un empleo estable y un nivel educativo ligeramente por encima de la media nacional.

Los gastos anuales de los cazadores alcanzan un promedio de 12.069 euros, siendo los principales gastos relacionados con la caza mayor, el alojamiento, el combustible y la caza menor. Notablemente, aproximadamente un tercio de los cazadores reside en localidades con menos de 5.000 habitantes, y un 81% de ellos considera que la caza es fundamental para su vida en estas comunidades.

A pesar de que hay 577.742 cazadores, se contabilizan un total de 891.889 licencias, debido a la falta de un sistema unificado a nivel nacional. Andalucía alberga el mayor número de cazadores, seguida de Castilla y León. Además, se estima que los cazadores aportaron más de 190 millones de euros en 2023 a las administraciones a través de la expedición de licencias y otros tributos.

En una mesa redonda que siguió a la presentación del estudio, la senadora del PSOE María Teresa Macías comentó que la caza es parte integral de la cultura de su región natal, Extremadura. Macías afirmó que es fundamental reconocer la labor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el sector, proponiendo que la caza sea considerada como una extensión de la actividad agraria y resaltando su valor cultural y social.