En España, la caza se presenta como una actividad económica significativa, con un total de 577.742 cazadores que generan una impactante contribución de 10.190 millones de euros al Producto Interno Bruto (PIB). Esta información proviene de un estudio realizado por la Fundación Artemisan y Deloitte, que ha sido recientemente presentado en el Senado.

Durante la presentación, el presidente de la Fundación Artemisan, José Luiz López-Schümmer, expresó su satisfacción por la reciente reconsideración del estatus de protección del lobo a nivel europeo. Destacó que el sector espera con gran expectación las decisiones que las comunidades autónomas adoptarán en relación con la caza de esta especie, subrayando la necesidad de que estas decisiones se basen en datos, rigor y en la búsqueda de la convivencia.

López-Schümmer enfatizó que la caza no solo es un recurso a poder aprovechar, sino que también es vital para preservar actividades tradicionales como la ganadería extensiva. En el evento, reveló hallazgos clave del estudio, incluyendo la cifra de cazadores en España, quienes aportan significativamente al PIB y generan 1.200 millones de euros en ingresos fiscales, una cantidad que supera el total recaudado por el impuesto de inmatriculación en el país. Además, los cazadores invierten 290 millones en la conservación del medio ambiente.

El presidente de la Fundación se mostró perplejo ante cualquier resistencia a una actividad que representa un valor considerable para la economía española, llamando a la reflexión sobre el impacto que tendría poner obstáculos a la caza.

Asimismo, instó a que se realicen investigaciones sobre las consecuencias de la prohibición del plomo en la caza, antes de tomar decisiones al respecto, y clamó por medidas más severas para combatir el furtivismo. También abogó por reintroducir la caza en parques nacionales y promover tanto el turismo cinegético como el consumo de carne de caza en el país.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, también tomó la palabra, animando a una colaboración y respeto mutuo entre el sector cinegético y los actores políticos. Subrayó la importancia de establecer leyes que sean justas y que tomen en cuenta las necesidades del sector, así como la necesidad de implementar directivas europeas de manera flexible y racional.

El estudio se basa en 6.536 encuestas realizadas a diversas partes del sector cinegético, incluyendo cazadores y titulares de cotos, entre julio y noviembre de este año. El coordinador adjunto de investigación de la Fundación Artemisan, Carloz Sánchez, presentó el perfil del cazador moderno, que se describe como un hombre de 53 años, con una creciente inclusión femenina, y un nivel educativo por encima de la media nacional.

El gasto promedio anual de un cazador se sitúa en 12.069 euros, concentrándose en aspectos como la caza mayor, el alojamiento y los gastos de combustible. Se observó que un tercio de los cazadores vive en municipios con menos de 5.000 habitantes, de los cuales el 81% considera que la caza es esencial para su vida en esas comunidades.

En términos de licencias, hay un total de 891.889 licencias emitidas, ya que no existe una licencia nacional, destacando Andalucía como la comunidad con mayor número de cazadores. Además, se reportó que los cazadores contribuyeron con más de 190 millones de euros en recaudación a las administraciones en 2023 a través de licencias y tasas asociadas.

Finalmente, en una mesa redonda, la senadora del PSOE María Teresa Macías subrayó la importancia de la caza para su región natal, Extremadura, indicando que este sector es fundamental en la identidad y cultura locales. Señaló que desde el PSOE se busca integrar la caza dentro de la actividad agraria, reconociendo su rol como una tradición que va más allá de una mera afición.